La inestabilidad en Cataluña ya inquieta al mundo empresarial
Durante mucho tiempo la Generalitat ha usado un doble lenguaje para los electores y las finanzas
En un principio, las empresas dieron muy poca credibilidad a la pretensión del Govern de Puigdemont de avanzar hacia la independencia de Cataluña mediante un referéndum vinculante. Aún hoy se cree improbable: la agencia de calificación S&P ha reiterado que su “escenario central” es que Cataluña seguirá formando parte de España. El desafío independentista sigue estando lejos de conseguir sus objetivos, ni siquiera el de celebrar la votación. Pero el cariz de los acontecimientos en las últimas semanas empieza a cambiar la percepción empresarial. Ya no es tan descabellada la idea de una declaración unilateral de independencia, aunque nadie la reconociera, ni se descarta una crisis institucional que tuviera serias consecuencias sobre la economía.
Todavía es un movimiento reciente y que las partes quieren llevar con alta discreción. Pero algunos despachos de abogados están incorporando a los contratos de adquisición de compañías en Cataluña cláusulas de garantía ante la eventualidad de que el procés llegue a sus últimas consecuencias y provoque una seria desestabilización. Los inversores extranjeros estarían planteando mover inmediatamente la sede social si se declara la independencia, o incluso revertir la operación si los acontecimientos les llevaran a la inseguridad jurídica.
Pese a todo, el escenario más probable aún hoy es que el referéndum no podrá llevarse a cabo, pues el Gobierno del Estado está dispuesto a utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para impedirlo. E incluso si se celebrara un simulacro de consulta como el del 9N de 2014, carecería de reconocimiento y de legitimidad. Para las empresas, la perspectiva de tener que elegir, por ejemplo, a qué administración liquida sus impuestos es aterradora. Como lo sería la anunciada fundación de una República catalana fuera del euro y del paraguas de la legalidad española.
Durante mucho tiempo, la Generalitat ha utilizado un doble lenguaje:uno para dirigirse a los electores independentistas y otro para el mundo financiero y empresarial. A estas alturas del llamado choque de trenes, ya no puede engañar a todos a la vez.