Endesa considera que no presentar alegaciones sobre Garoña les crea indefensión
El viernes termina el plazo de la consulta abierta por Energía Los vascos piden el cierre de la central y Castilla y León apoya la reapertura
La negativa de Iberdrola a presentar alegaciones en el marco de la consulta pública abierta por el Ministerio de Energía antes de tomar una decisión sobre Garoña, ha provocado la ruptura con Endesa, con la que comparte al 50% el capital de la central nuclear. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán ha insistido en presentar el desistimiento de la autorización de reapertura de la planta, mientras que Endesa presentó una propuesta de alegaciones en el consejo de Nuclenor celebrado el miércoles, según adelantó ayer CincoDías.
En ella, esta compañía solicitaba un incentivo (a aprobar mediante un cambio regulatorio a aprobar antes de la fecha que se ha fijado el Gobierno, el 8 de agosto) para compensar las pérdidas de la planta burgalesa. Una propuesta que Iberdrola, empecinada en acelerar el cierre, no aceptó. Fuentes de Endesa dicen no entender la posición de Iberdrola en contra de presentar alegaciones, lo que “deja a las empresas en una situación de indefensión ante cualquier decisión del ministerio”. En cualquier caso, el desacuerdo en el seno de Nuclenor, ha impedido a cada una ejecutar su deseo: ni Iberdrola puede renunciar unilateralmente a la autorización ni Endesa puede presentar sus alegaciones, pues solo Nuclenor como tal puede participar en una consulta, cuyo plazo terminaba ayer.
Sí han alegado, sin embargo, las 10 instituciones restantes que se habían personado en el caso, según la resolución aprobada el 11 de julio por el departamento que dirige Álvaro Nadal: el Parlamento Vasco; el Gobierno Vasco; el Gobierno de Navarra; la Diputación de Álava ; el Gobierno de La Rioja; la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC); Nuclenor y los grupos ecologistas Greenpeace; Acción de Burgos y Ecologista Centaurea.
El Parlamento Vasco ha alegado en contra de la continuidad de la central burgalesa y, de igual manera, se han pronunciado el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y el Ejecutivo de Navarra. No en vano, dicho parlamento aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de ley sobre la necesidad de interponer un recurso contra la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del 8 de febrero que posibilita la reapertura de Garoña con una serie de condiciones. Un trámite que sigue su curso.
En el extremo contrario se ha posicionado el Gobierno de Castilla y León y los municipios nucleares. Según declaró el viernes la consejera de Economía de esa comunidad, Pilar del Olmo, el Gobierno castellanoleonés se ha manifestado a favor de la explotación de la central, pues, de no ser así, “la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles”. Unos de los argumentos esgrimido es la ausencia de un plan alternativo a la central, que da empleo a 600 personas, según del Olmo, y su área de influencia. En este sentido, recordó que el CSN garantiza la seguridad siempre que se hagan inversiones adicionales que, según los cálculos de la Consejería, estarían amortizadas en 2031. Por ello, pide autorización para Garoña hasta esa fecha.
Asimismo, Castilla y León ha aprovechado estas alegaciones para defender también la producción eléctrica con carbón autóctono, alternativa energética “más barata” junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un “gran lastre para la economía nacional”.
Ecologistas y sindicatos
Greenpeace presentó sus alegaciones sobre Garoña el viernes sin ninguna sorpresa. Tanto esta organización, como Acción de Burgos y Ecologistas Centaurea, se oponen a la reapertura. Greenpeace pide al Gobierno que “acabe con el espectáculo” en torno a la central.
Su posición se basa en “las decisiones contradictorias, deficiencias en el informe del CSN, alteraciones en el procedimiento, los elevados costes y los incumplimientos medioambientales. Greenpeace criticó el comportamiento de los socios de Nuclenor:“Iberdrola no quiere la reapertura y Endesa quiere sacar tajada”.
Aunque los sindicatos no se han personado, estos se han manifestado en contra de la planta. Especialmente, el vasco ELA.
Sobre la firma