Detrás del desafío independentista está la ruina financiera
Hace tiempo que los mercados financieros están cerrados para la Generalitat
La Generalitat de Cataluña sigue dando pasos en el irresponsable camino hacia el enfrentamiento con el Estado. El Govern de Puigdemont y Junqueras ha endurecido su perfil tras la última remodelación que ha purgado a los tibios, lo que parece dinamitar todos los puentes para un diálogo que tendrá que producirse antes o después. El referéndum del 1 de octubre no podrá celebrarse, pues el Gobierno central hará lo necesario para impedirlo con la ley de su parte. Parece inevitable una crisis constitucional sin precedentes en la España democrática.
Sorprende que este desafío a la legalidad se produzca en un momento en que la administración autonómica catalana requiere constantes aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómica para evitar la suspensión de pagos. A pesar de la tensión, Hacienda sigue asistiendo a Cataluña, porque cualquier otra decisión inflamaría los ánimos y alentaría el victimismo. Los datos del Banco de España conocidos ayer constatan que Cataluña es la comunidad más endeudada del Estado: nada menos que 75.443 millones, de los que dos tercios los adeuda al Estado central. Una deuda que, por cierto, se ha triplicado en dos legislaturas, las de Artur Mas y Carles Puigdemont, respecto a los 25.000 millones que dejó el tripartito presidido por Montilla.
Hace tiempo que los mercados financieros están cerrados para la Generalitat, cuya deuda tiene la calificación de basura para las agencias internacionales, la peor nota posible para una administración regional. Los inversores le niegan el préstamo más por el riesgo de insolvencia que por el desafío secesionista, pero esta inestabilidad, lógicamente, no ayuda a captar capital. En el mercado secundario, la deuda catalana vive momentos de tensión. Los bonos que vencen en 2024 pagan un 4,7%, cinco veces más que los estatales al mismo plazo.El gran problema para estos títulos, en todo caso, no es el interés sino la falta de liquidez provocada por la falta de demanda.
Cataluña alega que el sistema de financiación autonómica le perjudica. Y tiene motivos para sostenerlo. La solución entonces habría sido negociar la reforma del modelo, en vez de acelerar hacia un callejón sin salida.
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