Protección al hipotecado y seguridad jurídica universal

La ley debe tasar muy bien la negociación del contrato, para evitar malentendidos después

El Gobierno está ultimando la reforma de la ley hipotecaria para aplicar de una vez la directiva comunitaria, en la que lleva un retraso muy considerable y amonestaciones de la Unión, y para frenar la creciente litigiosidad en la actividad hipotecaria, que se ha multiplicado con la crisis y las prácticas poco transparentes que ha aplicado la banca en el contexto de fuerte demanda de crédito y de inversión. Lo lógico es que la propuesta definitiva del Gobierno esté disponible en unas semanas, para poder integrar, en el trámite parlamentario a más tardar, un pacto político tras consultar a las asociaciones de consumidores, la banca y los intermediarios del proceso hipotecario (notarios, registradores y asesores), y de paso encajar ya las resoluciones pendientes de la justicia europea sobre cuestiones demandadas por los tribunales españoles, como las delicadas cláusulas de vencimiento anticipado (desahucios).

Las primeras sentencias que en los últimos años han corregido algunas de las cláusulas establecidas en determinados contratos hipotecarios, además de generar millonarios pagos a los bancos por la comercialización defectuosa de los productos, han estimulado a nuevos demandantes para poner en cuestión en los juzgados infinidad de condiciones de los contratos que hasta ahora se consideraban inamovibles. Este ejercicio ha llevado a tal incremento de la litigiosidad que el Gobierno ha tenido que entrar a una reforma hasta ahora retrasada de la Ley Hipotecaria para clarificar las condiciones de los contratos, evitar los abusos y restablecer la seguridad jurídica tanto para los bancos como para los hipotecados. Por que más allá de las correcciones que introduzca en la práctica crediticia, no debe poner en riesgo el que sigue siendo uno de los mecanismos más seguros del mercado para garantizar el acceso a la propiedad inmobiliaria.

Y a ello tienen que contribuir los bancos, los consumidores, los intermediarios y los fedatarios públicos, sobre todo en el proceso de negociación de condiciones, previo a la firma, para que nadie se comprometa con lo que no entienda, nadie tenga que recurrir a un juez y la aplicación de las cláusulas de vencimiento anticipado deje de ser una práctica común.

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