Fomento retoca los pliegos de las líneas de autobús para evitar una batalla judicial
Las 43 rutas por licitar sumarán una facturación superior a los 1.000 millones en diez años El sector espera un mayor peso para las ofertas técnicas
El Ministerio de Fomento está tratando de zanjar, o al menos atenuar, la tensión que marca sus relaciones con el sector del transporte de pasajeros por carretera. El colectivo empresarial, formado por gigantes con centenares de autobuses, como Avanza, Alsa y Samar (copan un 70% del servicio público regular), y pymes con uno o dos vehículos, tiene múltiples frentes de confrontación con la Administración, pero estalla en demandas cada vez que llega el momento de renovar las concesiones de las grandes líneas. Sucedió en 2007 y también en 2014, cuando las empresas fueron denunciado los pliegos hasta que se frenó la licitación de medio centenar de concesiones ya vencidas. Ahora, el Gobierno ultima retoques en los pliegos para evitar nuevas batallas judiciales y sacar adelante la renovación.
En el sector, que denunció un severo aumento en los costes de explotación por las exigencias de Fomento, se espera de forma inminente el borrador de los pliegos para su publicación antes de que concluya el año. En las conversaciones entre ambas partes las empresas han pedido que en los próximos concursos se reduzca el notable peso de la oferta económica, que es la que finalmente marca el precio de deben pagar los viajeros por sus billetes, frente a la propuesta técnica. Las normas impuestas en 2014, con Ana Pastor en el Ministerio, daban un 65% de la puntuación al apartado económico, por el 35% que pesaba el aspecto técnico, una situación que tiende a equilibrarse, con una relación de 55-45, en las renovadas reglas de licitación, según distintas fuentes.
“Además del excesivo peso que se daba a la oferta económica, uno de los problemas fue que la asignación de puntos era lineal, a mayor baja te llevabas más puntuación, lo que incentivaba las ofertas temerarias”, explica Rafael Barbadillo, director general de la patronal Confebus, “esperamos que en los nuevos pliegos se opte por una fórmula curva para atenuar las bajas”. Desde la patronal se apunta que la norma de primar la oferta económica también se ha generalizado en los concursos de concesión de los centenares de líneas de transporte urbano.
Una de las principales modificaciones en el anterior pliego fue la rebaja del plazo concesional de una horquilla de 50 a 90 año al nuevo periodo de diez años
Más allá de esta evolución, se espera que se aclare cómo queda un asunto capital como es el de la subrogación del personal cuando hay cambio de operadora, o el impacto de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española en cuestiones como las actualizaciones de precios y reequilibrios.
350 millones al año
El Gobierno, a través de la Secretaría General de Transporte, tiene repartidas 86 concesiones de servicios de autobús en toda España. Se trata de líneas que suman una facturación de 350 millones anuales y cuyo plazo de explotación en 43 casos vencieron entre 2012 y este 2017, siendo prorrogadas muchas de ellas por los dos años que prevé la Ley de Contratos. Se esperaba entonces que fuera refrendada la Ley de Ordenación de los Transportes (LOTT) y a los polémicos pliegos.
Entre esos corredores por licitar se encuentran algunos de los de mayor densidad de usuarios por su componente turístico: la Madrid-Zaragoza-Barcelona; Madrid-Alicante, o la Madrid-Teruel-Valencia. Otras de menor recorrido, pero con miles de usuarios al año y básicas para el transporte de trabajadores y estudiantes es, por ejemplo, la Madrid-Segovia. Sí pudo sacarse adelante la adjudicación de la Madrid-Málaga-Algeciras o, entre las de menor distancia, la Madrid-Ávila.
Los 43 contratos en juego generan unos ingresos superiores a los 125 millones de euros anuales a sus concesionarias.
Supervisadas por la Abogacía del Estado y la CNMC, una de las principales modificaciones en las anteriores reglas de los concursos fue la rebaja del plazo concesional de una horquilla de 50 a 90 año al nuevo plazo de diez años. Pese a ello, las empresas del autobús se juegan más de 1.000 millones con las nuevas adjudicaciones.
Pese a que la LOTT lo permite, Fomento no ha exigido canon alguno a las empresas que explotan estas grandes líneas (tampoco las subvenciona como obligaciones de servicio público), pero sí ha optado por un mayor control sobre las líneas con tan drástico recorte de plazo.
La tesis ministerial apunta que menores periodos de explotación incentivan la competencia y la calidad. En los anteriores pliegos el Ministerio también suprimió la ventaja de cinco puntos con que partían las actuales operadoras de las líneas.
Vital para la movilidad
- El Gobierno reconoce el transporte público interurbano por carretera como “un elemento clave que garantiza una movilidad sostenible de todos los grupos de población en el Estado”. El número de usuarios en 2015 se acercó a los 30 millones.
- Cada una de las 86 concesiones de Fomento tiene una media de 886 kilómetros. Suman 3.353 paradas, en 2.075 municipios, en una red de 76.275 kilómetros. El servicio es prestado por 1.200 autobuses.
- Fomento calcula que cada autobús sustituye entre 14 y 30 vehículos particulares, con la consiguiente reducción del impacto ambiental y en el gasto energético.
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