Una norma para apoyar a los emprendedores y el empleo
La reforma de la ley de autónomos incluye nuevas deducciones fiscales
La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo puede considerarse una muestra de hasta qué punto los partidos políticos coinciden en la necesidad de fomentar el autoempleo y el emprendimiento. El texto, impulsado por Ciudadanos, ha recabado un amplio apoyo parlamentario, aunque al coste de una negociación que se alargó hasta bien entrada la noche. La futura ley recoge una batería de medidas encaminadas a facilitar la actividad por cuenta propia, entre ellas, la posibilidad de que los autónomos puedan deducirse hasta 26,67 euros al día por dietas, lo que supone equiparar a estos profesionales con los asalariados que reciben esta manutención de sus empresas.
El texto recoge viejas reivindicaciones del colectivo, como la posibilidad de que aquellos profesionales que trabajan en casa puedan deducirse parte de los suministros de agua, gas, electricidad, telefonía e internet. No solo resulta razonable haber acogido esta reclamación –aunque la norma lo haga a través de una fórmula aritmética que limita considerablemente el importe final de la deducción– sino también obligado, después de que el TEAC dictase el año pasado una resolución vinculante en la que reconoce ese derecho y contradice el criterio de la Agencia Tributaria, contrario a esa posibilidad.
El paquete de medidas que recoge la ley, que incluye también la ampliación de la tarifa plana en las cotizaciones sociales o la posibilidad de darse de alta hasta tres veces en un año en el RETA, supone un respaldo necesario y consecuente con una política general de apoyo al empleo. El colectivo de autónomos constituye una importante fuente de creación de puestos de trabajo en un país que pese a haber dejado atrás la crisis, arrastra todavía severas cicatrices. Dada la ingente masa de personas en situación de paro, impulsar la iniciativa empresarial y el ejercicio por cuenta propia resulta obligada, como también lo es ejercer un control adecuado para que esas facilidades repercutan mayoritariamente en una actividad económica y no en una forma de eludir las obligaciones fiscales. Como en cualquier otro ámbito, se trata de promulgar una buena norma y hacer que se cumpla.