La banca afronta la primera macrodemanda por gastos hipotecarios

Asufin demanda a Santander, CaixaBank, Bankia y Sabadell La Fiscalía se persona y el juez da dos meses a los afectados para adherirse

Belén Trincado

Los gastos de constitución de la hipoteca, el penúltimo pulso judicial entre la banca y sus clientes a cuenta de los créditos para la compra de vivienda, ya es materia de una demanda colectiva.

El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid acaba de admitir a trámite una macrodemanda planteada por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) que reclama la desaparición de las cláusulas que obligan al consumidor a asumir todos los gastos relacionados con la constitución de las hipotecas a la vez que reclama a las entidades que abonen a sus clientes la factura que abonaron.

Asufin estima que hay 8 millones de familias con este tipo de cláusulas en sus hipotecas, por las que abonaron 1.500 millones de euros en gastos de notaría, registro, gestoría y el impuesto de actos jurídicos documentados, a razón de unos 2.000 a 3.000 euros por préstamo. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, explicaba a varios medios este miércoles que la plataforma también reclama la devolución de los gastos de tasación.

La asociación de consumidores ha centrado su demanda en Banco Santander, CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell, las entidades que en los últimos meses han ido cambiando el articulado de la cláusula asumiendo parte de los gastos.

Un cambio que las entidades introdujeron después de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, por la que se condenó a Popular y BBVA por las cláusulas abusivas de sus hipotecas, señalando que en el caso de esta última entidad, la cláusula de gastos debía ser anulada por cargar todos al cliente sin posibilidad de negociación.

Asufin defiende que no son válidos ni este articulado tradicional de la cláusula, común en el grueso del sector financiero, ni la nueva distribución propuesta por las entidades demandadas, puesto que el reparto sigue sin ser equitativo.

La Fiscalía “valora la existencia de un interés social que justifica la personación del Ministerio Fiscal en dichas actuaciones”, y solicita forma parte del proceso colectivo como acusación.

Desde Asufin avanzan que esta es la primera de las tres acciones colectivas que han preparado que se admite a trámite pero que también tienen en marcha un litigio colectivo contra Banco Popular, Pastor y Abanca, de una parte, y contra Kutxabank, Unicaja, Detusche Bank e ING de otra. Ademas, prevén incluir en la macrodemanda ya admitida a los afectados por Ibercaja, Cajamar y Liberbank.

El objetivo es no saturar un solo juzgado con una única macrodemanda que previsiblemente tarde años en obtener un fallo firme (la banca viene recurriendo las sentencias en contra hasta llegar al Supremo).

Asufin admite que en muchas reclamaciones de consumidores contra la banca es aconsejable ir a la vía civil, para solicitar la devolución del dinero abonado indebidamente. En este caso, sostienen, son varios los argumentos que amparan la vía colectiva.

De un lado, la asociación busca la eliminación general de este tipo de cláusulas en las hipotecas de toda la banca, de otro, al ser pequeñas cantidades las que reclaman los clientes, puede compensar más sumarse a una acción colectiva que presentar acciones a título individual.

Finalmente, aunque no menos importante, la demanda colectiva permite sortear los nuevos juzgados especializados en materia hipotecaria que el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han impulsado para tratar de descargar al resto de plazas judiciales pero que ya están colapsando el único juzgado por provincia previsto para todas estas materias.

Al plantear una acción colectiva, el litigio es materia de los juzgados de lo mercantil, explica Agenor Gómez, abogado responsable del procedimiento.

El juez ha dejado en suspenso el procedimiento durante dos meses, hasta el mes de septiembre, a fin de que el mayor número de interesados se adhieran a la demanda colectiva planteada desde Asufin.

Desde la plataforma informan que es posible sumarse al colectivo que reclama asociándose, con una cuota anual de 50 euros, y abonando 60 euros por el procedimiento concreto, con lo que se cubre la macrodemanda y sus posibles recursos. Sus abogados percibirían las costas y el 10% del montante que se logre recuperar. Desde Asufin subrayan, en todo caso, que cualquier interesado puede personarse en la macrodemanda con su propio abogado y procurador.

A la espera del Supremo

 

La aclaración: Tras la sentencia del 23 de diciembre de 2015 declarando nula la cláusula de BBVA que anula la cláusula que impone a los clientes todos los gastos de formalización de la hipoteca, bancos y clientes viven pendientes de que el Alto Tribunal vuelva a pronunciarse aclarando qué concepto debe pagar cada cual.

Otros fallos: A la espera de esta aclaración, los juzgados vienen emitiendo fallos dispares sobre el reparto de gastos aunque algunos jueces han cargado ya a la banca toda la factura incluyendo los impuestos.