Armonizar la fiscalidad patrimonial sin disparar la factura del contribuyente
La comisión de expertos aboga por fijar una escala con un tipo mínimo y máximo
El equipo de sabios elegido por el Gobierno y las comunidades autónomas para reformar el modelo de financiación autonómica lleva trabajando desde febrero en una propuesta que deberá estar lista el próximo mes de agosto. Uno de los aspectos claves de las discusiones ha sido la fiscalidad patrimonial, es decir, la que se refiere al Impuesto sobre el Patrimonio y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La recomendación de los expertos es avanzar hacia una mayor armonización fiscal en ambos tributos que permita reducir las amplias diferencias que existen actualmente entre unas comunidades y otras, una asignatura pendiente desde hace tiempo y que urge resolver. Según un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un contribuyente que herede 800.000 euros pagará más de 160.000 euros en Andalucía o Asturias por el Impuesto sobre Sucesiones, mientras que esa factura fiscal no llegará a 2.000 euros en Madrid.
La solución de la comisión de expertos pasa por fijar una escala con un tipo máximo y mínimo, de modo que las comunidades puedan moverse entre ambas cifras a la hora de perfilar su impuesto. En el caso del patrimonio, la recomendación aboga porque aquellas legislaciones autonómicas que han renunciado a recaudar el impuesto, como es el caso de Madrid, puedan seguir manteniendo ese esquema. No ocurrirá lo mismo con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el que no se contemplará esta opción, lo que supondrá que en los territorios que tienen amplias bonificaciones en este tributo, la factura para el contribuyente subirá.
Además de las líneas generales de esta propuesta de armonización, que dibujan una solución razonable para unas desigualdades que generan un resentimiento creciente entre la opinión pública, queda por despejar cuáles serán las horquillas que las haciendas autonómicas podrán utilizar para perfilar la tributación. Todo indica, sin embargo, que el resultado producirá un alza fiscal en la mayor parte de las regiones. Evitar que esta sea excesivamente elevada es una exigencia mínima que el Gobierno debería garantizar..