El PSOE: del sí a la abstención frente al CETA
La decisión es una solución tibia a una disyuntiva que no podrá evitar a medio y largo plazo
Pedro Sánchez ha vuelto a despertar el interés por uno de los temas más controvertidos y farragosos de los últimos meses, la ratificación o no de los tratados internacionales favorecedores del libre comercio. En concreto, su anuncio de la abstención socialista ante la votación sobre el acuerdo del CETA, que pretende regular los intercambios entre Canadá y la Unión Europea, ha desatado todo tipo de reacciones, a favor y en contra.
Coincide este anuncio con el paso por Madrid del comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, el socialista francés Pierre Moscovici, favorable a la firma del CETA, que en su reunión con el líder socialista español no ha logrado convencerle para apoyar el tratado. Encontrar dos socialistas con posiciones encontradas frente al mismo asunto no es novedad, sobre todo en la historia reciente del propio PSOE. Evidenciar desacuerdo socialista a nivel europeo, resulta novedoso. Es más noticia aún que la decisión de Sánchez cambie la posición del partido socialista al respecto del tratado, que hasta ahora era favorable. Es decir, que el renacido líder socialista ha tomado una decisión inesperada, la de la abstención, basculando desde una posición más cercana al Partido Popular, a favor del CETA, hacia la equidistancia con Podemos, claramente en contra del tratado. Las interpretaciones son diversas, pero el cambio de rumbo del PSOE, desde la vuelta de Sánchez, sigue virando a izquierdas de manera clara y pendular.
El objetivo final del CETA, como el de los restantes tratados favorecedores del comercio, es lograr que las normas que regulan actualmente los intercambios internacionales sean similares entre diferentes países para reducir las barreras que diferencian al comercio nacional del internacional. Se trata de lograr que comerciar entre países no sea distinto de comerciar entre ciudades de una misma nación.
Comerciar en tu propio país permite una libertad de movimientos de mercancías, recursos y mano de obra, que lo convierten en una actividad mucho más sencilla que comerciar internacionalmente. Esto sucede porque en el interior de un país existe una normativa legal común que facilita el tráfico de mercancías. Mover ladrillos de Valencia a Badajoz plantea un escenario mucho más accesible y sencillo para el empresario que moverlos de Valencia a Londres. Es decir, que existen mayores barreras a comerciar internacionalmente, frente a hacerlo en territorio nacional. Barreras que ofrecen a las empresas nacionales protección frente al exterior y un menor nivel de competencia. A cambio, el proteccionismo provoca mayores precios en las mercancías. Competir no solo con los productores de tu mismo país sino con los del resto del mundo obliga a ser más competitivo y genera precios menores.
¿Y por qué hay planteamientos contrarios a esta presumible ventaja de acceder a más variedad de bienes a un menor precio? Aparentemente es una ventaja más que deseable desde el punto de vista del consumidor, pero las desventajas estriban en los mecanismos que las empresas deben activar para lograr ser más competitivas. Sin duda, solo aquellos trabajadores mejor capacitados y dispuestos a cobrar los menores sueldos posibles serán los preferidos por las empresas en su búsqueda de la mayor competitividad.
Si apostamos por tratados favorecedores del comercio internacional podemos seguir sufriendo la disminución del salario medio, que hemos soportado desde la crisis, y de ahí el posicionamiento de Podemos en contra del CETA. Si no lo hacemos, y nos oponemos a la firma de estos tratados, corremos el riesgo de perder relevancia en el comercio internacional y pagar más por los mismos bienes, que serán más baratos en otros países, y de ahí el posicionamiento a favor del tratado del Partido Popular.
Así pues, lo que genera discusión es cómo determinar si el incremento del comercio entre naciones o bloques económicos favorece o perjudica a ciudadanos, trabajadores, gobiernos, empresas, etc. El comercio internacional, en su volumen de flujo mundial, ha crecido seis veces más que el crecimiento económico medio de los países en la última década. Y si bien se puede argumentar que muestra aspectos favorecedores del progreso de las naciones más desarrolladas y presentarlo como generador de progreso mundial, también es cierto que dificulta el crecimiento de las naciones o economías menos desarrolladas, al eliminar barreras. Desprotege a los más débiles y les obliga a adaptarse rápido o desaparecer de los mercados.
Todo eso nos lleva a pensar que no existen dudas sobre el efecto positivo neto mundial que genera el incremento del comercio internacional, así que lo que se discute es sobre la conveniencia de permitir que los países y empresas favorecidas lo sean aún más, a costa de impedir el desarrollo del segundo y tercer mundo. Se discute sobre si debemos permitir el comercio internacional o el comercio internacional justo. Es siempre deseable, en cualquier ámbito, reducir barreras, incluidas las comerciales internacionales, y permitir así a los ciudadanos poder acceder a más variedad de bienes y servicios al menor precio existente. Es bueno para los ciudadanos como consumidores, pero no lo es a cualquier precio.
En el caso de Pedro Sánchez y del PSOE, la anunciada abstención ante el CETA no deja de ser una solución tibia ante una disyuntiva que no podrá esquivar a medio y largo plazo. Curioso que sea la abstención, en otros tiempos motivo de disputa socialista, frente a la investidura de Rajoy la que sirva ahora a Pedro Sánchez. Casualidades del posicionamiento político, ¿o no?
Fernando Tomé es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija.
