1.000 millones de losa sobre un pueblo de Granada por una macrourbanización abandonada
El Supremo abre hoy juicio oral en el caso del megadesarrollo Medina Elvira Golf Los demandantes piden volver a abrir causa contra el promotor y el anterior alcalde
Los 18.000 habitantes de Atarfe, en la Vega de Granada, tienen una enorme losa pendiente de un hilo sobre sus cabezas: 1.000 millones de euros por responsabilidad civil para devolver a la banca acreedora que financió una macrourbanización ahora abandonada. Aunque al pueblo se le suma una segunda carga: 1.000 viviendas del complejo Medina Elvira Golf, sin habitar y en medio de un paraje protegido.
A estos granadinos todavía les queda un resquicio para salvarse de una operación urbanística impulsada por el promotor Maximiliano Balboa y aprobada por el anterior alcalde socialista Víctor Sánchez. El Tribunal Supremo abre hoy juicio oral sobre la causa de Medina Elvira para analizar el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción, la asociación de arquitectos Adobe y la plataforma Salvemos la Vega. Estas organizaciones, representadas por Carlos Castresana, fiscal anticorrupción en excedencia y abogado de Ejaso ETL Global, piden la anulación de la anterior sentencia absolutoria para Balboa y Sánchez, dictada por la Audiencia de Granada.
El exalcalde se benefició de un archivo provisional de la causa por su delicado estado de salud, ya que la fiscalía pedía siete años de cárcel y 25 años de inhabilitación por supuesta prevaricación ordinaria y urbanística y por falsedad documental. El representante de la promotora, llamada Vladigolf, se enfrentaba a cuatro años de cárcel, pero el tribunal le absolvió, aunque reconoció irregularidades en el proyecto.
El caso de la urbanización, cuyo nombre evoca a la Sierra Elvira, se remonta a 2003, cuando comenzó el diseño de un desarrollo de 3.500 viviendas, que casi doblaría la población de Atarfe. Las acusaciones consideran ilegal la obra, ya que el desarrollo supuestamente se apropió de forma indedida de 61.000 m2 de terrenos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, propiedad del Estado, destruyó una vía pecuaria autonómica y un camino público municipal. Más de 10 años después, existen 1.000 casas con solo cinco moradores, porque el Ayuntamiento sí concedió licencias de obras e incluso de primera ocupación sin instalar servicio de agua, luz y saneamiento. Además, se construyó un campo de golf de 600.000 m2 en una zona calificada de máxima protección ambiental.
El pueblo que sufre ese fantasma de ladrillo, vive la pesadilla económica. La urbanización fallida dio como resultado la quiebra de la promotora, que debía alrededor de 1.000 millones a los bancos, que ahora reclaman su devolución al Ayuntamiento de Atarfe. Castresana no entiende porqué el tribunal andaluz disgregó las dos causas, que puede dar el extraño caso de salvar por un lado al alcalde y al promotor y, por otro, condenar al pueblo a pagar la deuda con las entidades financieras. Cifra a la que hay que sumar reclamaciones de alrededor de 200 millones de los compradores, en su mayoría jubilados británicos, que no pueden habitar sus casas.
“Pedimos que se unifiquen las dos causas, se anule la sentencia y vuelva a primera instancia”, señala Castresana. La cantidad reclamada por los bancos supondría una carga por habitante de 55.500 euros. Pero este abogado advierte de que finalmente, como el Consistorio evidentemente no podrá pagar, el saldo irá a la Junta de Andalucía y finalmente al Estado. “Podríamos tener que pagar el pato todos los contribuyentes”, lamenta.
Daños para lo público
Una de las razones que sustenta el recurso de casación se basa en lo que los demandantes consideran falta de tutela judicial efectiva, ya que las diferentes Administraciones afectadas no participaron en la causa penal, a pesar de que el plan urbanístico se apropió de suelo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de una vía pecuaria de la Junta y de un camino municipal.
Medina Elvira nació bajo el impulso de la promotora valenciana Vladigolf, que tenía en Maximiliano Balboa a su dueño y consejero delegado. La empresa cayó en concurso de acreedores en 2011 y en liquidación en 2015, según se recoge en Insight View. Balboa siguen siendo apoderado, según este registro, de empresas inmobiliarias en Castellón y Málaga.
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