Liberar al país de la vigilancia fiscal europea, primer objetivo político

El déficit debe llevarse por debajo del 3% porque es la mejor garantía de crecimiento económico

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. EFE

España esquivó el rescate financiero del Estado en los años más duros de la recesión a duras penas, pero no pudo evitar el rescate de su sistema bancario por la acumulación de riesgos de las cajas de ahorros, ni soslayar la vigilancia comunitaria en materia presupuestaria. De un ligero superávit presupuestario en los años previos a la crisis, llevó sus cuentas públicas a un desequilibrio superior al 9%, y no lo devolverá por debajo del 3%, el máximo permitido para abandonar el protocolo de déficit excesivo, hasta 2018 si cuadran las cuentas. La marcha generosa de la recaudación fiscal y los continuados esfuerzos por contener el gasto público (menos ambicioso en este caso) acercarán ya este año el desequilibrio fiscal muy cerca del umbral del 3%. Pero en 2018 se logrará si el Gobierno es capaz de diseñar un Presupuesto que cuente con el suficiente respaldo político y que tiene que comenzar a negociar ya.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro en el Foro CincoDías que está dispuesto a elevar el techo de gasto del Estado por vez primera desde que arrancó la crisis, pero sin sobrepasar nunca el avance del PIB nominal, tanto para respetar los compromisos comunitarios como para garantizar la aplicación real de una regla que considera básica para mantener el crecimiento económico y la generación de empleo. La cuestión está en lograr el respaldo político para tales cuentas los próximos meses, e involucrar al PSOE en la operación, puesto que de ella dependerá también el nuevo sistema de financiación autonómica, que en buena lógica debe aplicarse ya en 2018 y en el que los socialistas, como gestores de buena parte de las regiones, tienen una responsabilidad ineludible.

La situación de minoría parlamentaria del Ejecutivo no es la mejor para lograrlo, y la intención del nuevo PSOE de limitar su colaboración con el Gobierno es legítima. Pero buena parte de las decisiones de gasto de este Gobierno o de cualquier otro dependen de superar los corsés que impone Bruselas en materia fiscal. Y dado que nunca desde que arrancó la crisis España había estado tan cerca de sacudirse tal atadura, debe convertirse en objetivo tanto del Gobierno como de la oposición.

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