La CNMV investiga la captación de inversores por Parques Solares de Navarra

Nadal pide analizar la captación de inversores por una pequeña empresa fotovoltaica

Sorprende al alertar del peligro de las subastas

Álvaro Nadal
El ministro de Energia Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. EFE

Las declaraciones del ministro de Energía, Álvaro Nadal, el lunes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), alertando a los pequeños inversores del peligro de participar en las subastas de renovables, ha generado una enorme estupefacción en el sector. “Las subastas de renovables no son productos para pequeños ahorradores, sino para profesionales del sector que conozcan bien su regulación”, añadió después el ministro en su cuenta de Twitter, por si no había quedado claro.

¿A qué se estaba refiriendo Nadal si a las subastas, de hecho, no acuden pequeños inversores? ¿Y por qué poner en duda estos mecanismos de adjudicación de incentivo, cuando acaba de convocar una nueva para el 18 de julio? Tras darle algunas vueltas, fuentes empresariales concluyen que el titular de Energía ha mezclado las subastas, que hasta ahora solo han ganado proyectos eólicos que no están al alcance de cualquiera, con la práctica de una pequeña compañía fotovoltaica, Parques Solares de Navarra, que capta pequeños inversores para participar en la compra de huertos fotovoltaicos con problemas de financiación tras el fuerte recorte a las renovables decretado por el Gobierno con la reforma eléctrica de 2013.

Esta compañía gestiona el Parque Solar Villafranca, en Navarra, de 12.000 kW de potencia;Tejado Solar Ribarroja, en Valencia, de 737 kW, y Tejado Solar Universidad de Almería, de otros 1.015 kW. Además, en estos momentos invita a participar en el Parque Solar Juneda, en Lleida, de 900 kW. En total, una cartera 30 MW entre gestión, operación y mantenimiento de varias plantas.

Dos asuntos distintos, por tanto, que se han saldado por el momento con la petición por parte de Nadal a la CNMV de una investigación a la empresa navarra, a la que se acusa de “ofrecer altas rentabilidades”, para sorpresa del propio organismo supervisor. Según fuentes de una asociación del sector, se trata de un caso aislado y las condiciones financiaras que ofrece en su dosier informativo sobre el parque de Juneda “no son ni más ni menos las que garantiza la propia Ley del Sector Eléctrico de diciembre de 2013 para las instalaciones de renovables”.

Esta norma reconoce una “rentabilidad razonable” para las energías verdes, que equivale al rendimiento de las obligaciones del Estado a 10 años incrementadas en 300 puntos básicos (en estos momentos, esta fórmula se traduce en una rentabilidad del 7,5%). Parques Solares de Navarra, tal como establece la normativa, indica que las instalaciones tendrán esta rentabilidad durante toda la vida regulatoria, fijada en 30 años (20 años para la eólica y 25 años, el resto).

Al tratarse de una participación accionarial en los citados parques, cuya retribución está regulada, fuentes empresariales no observan ninguna ilegalidad. Respecto a que se trate de una publicidad engañosa, las mismas fuentes aclaran que si lo fuese, “esto supondría que la engañosa es la propia ley”.

Las renovables vienen denunciando desde la reforma de 2013 (con la que el Gobierno cambió el antiguo mecanismo de primas a la producción por otro de retribución a la inversión a lo largo de la vida útil) que no están obteniendo dicha rentabilidad razonable. Que el ministro reconozca que ofrecer a un inversor de un parque fotovoltaico una rentabilidad del 7,5% es un engaño, “podría ser un argumento para los inversores internacionales que han recurrido los recortes ante tribunales arbitrales”, añaden. Máxime cuando el primer laudo ha resultado condenatorio para España.

En el trasfondo de la denuncia de Nadal está el reconocimiento de lo complicada que resulta la regulación española de renovables que, con un sistema de parámetros, es única en el mundo. Un experimento ideado por su propio hermano gemelo, Alberto Nadal, exsecretario de Estado de Energía.

De hecho, en Santander, el titular de Energía advirtió el lunes de que las inversiones en renovables no se pueden equiparar con la renta fija, sino que se trata de “productos de carácter industrial orientado a gente que conoce cómo funciona el mercado, conoce sus riesgos y volatilidades”.

El folleto de la compañía navarra investigada hace referencia “a una rentabilidad atractiva, razonable y segura” y aclara que la retribución, determinada por los citados parámetros, establece un periodo regulatorio de seis años (con dos subperiodos de tres) al final del cual pueden revisarse los citados parámetros. La normativa, además, subraya que el sistema proporciona “mayor seguridad al inversor, pues elimina incertidumbre sobre los ingresos previstos, al margen de la energía que genere. Según las previsiones del Gobierno, este sector recibirá casi 79.000 millones en los 30 años de vida útil.

Los pequeños se rebelan

La nueva subasta de renovables se dirige a quienes el ministro Álvaro Nadal “considera, eufemísticamente, profesionales del sector”, y advierte de que no es “un producto financiero para pequeños ahorradores”. Según denunció ayer la asociación de los pequeños fotovoltaicos, “los hechos, y ahora las palabras, demuestran que este Gobierno considera que ningún ciudadano debe aspirar a ser profesional del sector” y “ha de limitarse a pagar facturas gravosas y repletas de extrañas cargas en beneficio de los grandes operadores o, en su caso, invertir en acciones de estas empresas operadoras; pero en ningún caso gestionar activos energéticos que, tal y como han demostrado las 62.000 familias fotovoltaicas, podrían hacerlo con absoluta solvencia técnica, pese a las innumerables trabas normativas que han de soportar”.

Según criticó Anpier, “expulsar a las familias productoras, evitar la socialización de la generación y ralentizar la entrada del autoconsumo son los tres pilares de la integración de las energías renovables en el sistema energético español”. La normativa, añade, “favorece a las empresas que ofertan grandes proyectos eólicos, con el argumento de que es la tecnología que más produce por unidad de potencia instalada, aunque no es la que produce los kWh más baratos, como la fotovoltaica.

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