Latas de bebidas azucaradas.
Latas de bebidas azucaradas.

La industria pide al Gobierno que recurra al TC el impuesto de bebidas catalán

De no prosperar, estudian otras acciones como acudir a la justicia europea

El plazo para un recurso de inconstitucionalidad termina el día 30

Las organizaciones patronales de toda la cadena agroalimentaria han solicitado este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para suspender el impuesto catalán a las bebidas azucaradas, que entró en vigor en mayo.

En concreto, participan en esta solicitud el sector de alimentación y bebidas (Fiab), el sector del gran consumo (Aecoc), la distribución (Aces, Asedas y Anged), la hostelería (Fehr y Marcas de Restauración), así como organizaciones de productores como Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias.

Los firmantes de la petición al Gobierno han presentado un informe de Uría Menéndez en el que se argumenta la posible inconstitucionalidad del impuesto catalán. Según figura en dicho escrito, se produce una vulneración del principio de territorialidad, así como una obstaculización a la libre circulación de mercancías en el territorio. Además, se considea que se vulneran los principios de seguridad jurídica, así como los principios de igualdad incluidos en la Constitución.

Esta propuesta parte con una limitación temporal. La ley establece que el recurso se podrá presentar siempre y cuando no hayan pasado más de tres meses desde la publicación oficial de la normativa. Esto da como fecha límite la semana próxima, puesto que el impuesto fue aprobado el 30 de marzo.

Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab, ha reconocido esta limitación aunque ha señalado que la argumentación que presentan avalada por el citado despacho de abogados, permitiría al presidente poder presentar ese recurso en el plazo legal. "Es un escrito rotundo y contundente", ha añadido.

El directivo de la patronal de alimentación y bebidas asegura que ya han remitido una carta al presidente y aseguran que "está en fase de análisis y estudio" por parte del Gobierno. Si bien, de no producirse finalmente el recurso, se plantean nuevos pasos a seguir que incluyen la posibilidad de acudir a la justicia europea.

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