Control del gasto público
El Círculo de Empresarios reclama que se pueda despedir a funcionarios

El Círculo de Empresarios reclama que se pueda despedir a funcionarios

La medida solo afectaría a los futuros empleados públicos

Quedarían exentos aquellos que cubren servicios esenciales

El Círculo de Empresarios, el Círculo de Empresarios Vascos y el Círculo de Economía presentaron ayer el Barómetro de los Círculos 2017, un análisis de las debilidades y fortalezas de la economía española si se le compara con los países de su entorno. Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, subrayó durante la presentación la importancia de este diagnóstico y la necesidad de acometer reformas estructurales tras un año sin las mismas por la ausencia de Gobierno y la posibilidad de que tampoco se aprueben este ejercicio por la dificultad para alcanzar mayorías parlamentarias.

Miguel Canalejo, presidente del comité que ha desarrollado este informe, presentó las recomendaciones que acompañan este informe entre las que sobresalen las dedicadas a los empleados públicos, sobre las que pasó de puntillas. “Modificar el Estatuto del Empleado Público...aprobando un nuevo marco legal para los nuevos contratos, más parecido al sector privado, en contratación, despido o remuneración para equipararlo al modelo del sector público en Reino Unido, Dinamarca o Suecia”.

Posteriormente aclaró que la medida no se aplicaría con carácter retroactivo y que solo afectaría a aquellos empleados públicos que se incorporarán a la Administración Pública una vez aprobada la modificación del Estatuto. Asimismo matizó que ese cambio no afectaría a todos los empleados públicos, sino solo a aquellos que no cubren servicios esenciales como Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Sanidad o Educación. Estos son precisamente los servicios que vieron menos recortada su tasa de reposición durante la anterior legislatura.

El estudio también presenta recomendaciones en materia salarial en un escenario en el que empresarios y sindicatos aún no han cerrado el acuerdo de salarios para este año. La patronal pide que suban entre un 1% y un 2% (con medio punto adicional en las empresas donde crezca la productividad), mientras que los sindicatos establecen un suelo del 1,8% y un techo del 3%. Vega de Seoane subrayó que España “no puede” llevar a cabo una estrategia de salarios bajos y aseguró que hay que ligarlos a la productividad para crear empleo estable y de calidad. “Deberíamos ser capaces de pagar mejores salarios de los que hay ahora. Hay que subir los salarios cuando se mejore la productividad y si no es así habrá más desempleo. Hay que ser muy responsables a la hora de subirlos”, dijo.

Otra de las partidas que preocupa a los empresarios es la de las pensiones. “El coste del Estado de Bienestar (sanidad y pensiones) va a ser más alto y necesitaremos crecer de forma permanente para financiarlo”, apuntó Vega de Seoane. El estudio propone medidas por la parte de los ingresos y de los gastos. En el primer capítulo insta a que las pensiones de viudedad y orfandad (no contributivas) se paguen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, mientras que en el caso de los gastos insta a elevar progresivamente el número de años de cómputo p ara el cálculo de la pensión para que se aplique finalmente sobre toda la vida laboral.

Impuestos y cotizaciones

Supresión. Propone unificar los impuestos por administraciones. “Las potestades tributarias de las distintas administraciones han dado lugar a una multiplicidad de figuras tributarias que recaen con frecuencia sobre las mismas actividades y materias imponibles”.

IRPF. El informe considera que la mayor recaudación derivada de la lucha contra el fraude y el mayor empleo permitiría equiparar los tipos máximos a la media de la OCDE.

Sucesiones y Patrimonio. Pide que se baje Sucesiones y Donaciones hasta la media en la OCDE (15%) y suprimir Patrimonio.

Cotizaciones. Aboga por reducir la carga sobre el empleador y paralelamente "avanzar progresivamente hacia un esquema contributivo de reparto más equilibrado que garantice la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones".

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