Los ajustes devuelven los salarios de los funcionarios del Estado a 2012
El ajuste se explica por la limitación a la tasa de reposición de los empleados públicos y a la congelación de las remuneraciones
Los funcionarios de la Administración General del Estado son los que han sufrido el mayor ajuste desde que Mariano Rajoy llegó al Ejecutivo en diciembre de 2011. Desde esa fecha hasta julio de 2016, el número de empleados públicos ligados al Estado (Administración General, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, Justicia y empresas públicas) ha pasado de 581.821 a 524.314 trabajadores, lo que supone una merma de 57.507 empleados. En ese período, la plantilla se ha reducido un 9,9%, por encima del ajuste realizado por el conjunto del resto de administraciones generales (-6,4%). Solo las empresas públicas (-34,5%) y las diputaciones y cabildos (-14,2%) han sufrido un recorte superior.
En el otro lado figuran los empleados públicos adscritos a las comunidades autónomas, que suman 1,3 millones de trabajadores (el 55% del total) y que solo han perdido 53.751 trabajadores, un 3,9% menos que en 2012.
El empleo en las autonomías ha caído la mitad (un 3,9%) que en el resto de administraciones
El ajuste en la Administración General del Estado no se ha moderado con la recuperación económica y se prolongó en el último ejercicio. Los últimos datos de Hacienda respecto a la masa salarial del personal ligado a la Administración General del Estado (funcionarios de carrera en territorio nacional y en el extranjero, interinos, personal eventual y personal en prácticas) revelan que bajó un 0,4% en 2016 hasta los 3.247 millones de euros, situándose en niveles de 2014.
Pero el deterioro ha sido aún mayor en el caso de los funcionarios de carrera, que absorben el 89,5% del total de los salarios. La masa salarial ligada a ese colectivo retrocedió hasta los 2.906 millones de euros, lo que supone un ajuste de 30 millones de euros en el último año y volver a niveles de 2012. En este retroceso ha jugado un papel determinante el límite a la tasa de reposición, que establece el nivel de funcionarios que sustituye a cada uno que se jubila. Una de las primeras medidas adoptadas por el PP cuando llegó al Ejecutivo fue establecer un límite del 10% a esa tasa para los servicios esenciales y dejarlo bloqueada para el resto, lo que suponía que por cada diez funcionarios que salían del mercado laboral solo entraba uno para servicios esenciales (sanidad, seguridad o justicia, entre otros).
La tasa de reposición es del 100% solo para servicios esenciales
Ese esquema se mantuvo en 2013 y 2014 y en 2015 se elevó la tasa al 50% para servicios esenciales. El pasado ejercicio fue el primero en el que se estableció un 100% para servicios esenciales y un 50% para el resto. Esa limitación a la reposición de efectivos desde que llegó Mariano Rajoy al Ejecutivo es la que explica, según CSIF, de que la plantilla de los empleados públicos haya caído en 163.000 personas desde enero de 2012 hasta julio de 2016, de los que una tercera parte proceden de la administración general del Estado.
Lo que no explica la tasa de reposición es el hecho de que se haya producido un movimiento divergente entre la masa salarial de los funcionarios de carrera y el resto de colectivos que integran los empleados públicos del Estado. En los últimos cuatro años, la ligada a los funcionarios de carrera ha bajado en 94,5 millones de euros, mientras que la de los interinos ha crecido en 8,6 millones y la del personal en prácticas lo ha hecho en 12,4 millones. Dicho de otra manera que la pérdida de funcionarios ha sido compensada, solo de forma parcial, con interinos y trabajadores en prácticas, mostrando que el ajuste en el empleo público no solo se ha producido en cantidad, sino también calidad.
Un fenómeno que ha sido especialmente apreciable en el caso del profesorado no universitario, en el que la masa salarial de los interinos ha crecido en 9,4 millones (de 28,4 a 37,8 millones de euros), un 33% más, mientras que la de los funcionarios de carrera solo lo ha hecho un 1,6% (1,18 millones de euros más).
CSIF pide limitar a dos años el interinaje
Hoy se reúne el grupo de trabajo creado en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en el que los sindicatos volverán a reclamar medidas para compensar los 300.000 empleos perdidos por la no cobertura de jubilaciones, a los que se pueden sumar en breve otros 230.000 trabajadores que se encuentran a las puertas de la jubilación.
“La solución al déficit de las plantillas y el abuso de la interinidad no puede demorarse más. Gobierno, grupos políticos y comunidades autónomas deben dejar de utilizar políticamente esta cuestión porque España no puede permitirse estar un año sin oferta de empleo”, apunta el sindicato CSIF en una nota.
Entre las reivindicaciones que planteará hoy destaca la realización de un plan global de recursos humanos “para determinar las necesidades reales de la administración”, establecer la obligación de crear una plaza cuando se detecte una necesidad estructural, eliminar las tasas de reposición, limitar el interinaje a dos o tres años como máximo o la convocatoria de de una oferta de público excepcional.
