Banco Santander
Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

Así será el examen financiero que tendrán que hacer 11.000 empleados de Santander

La entidad llegó a un acuerdo con IE Business School y 'Financial Times' para instruir a sus empleados

El tiempo corre, y en enero entran en vigor las nuevas normas sobre formación a empleados de banca de la legislación europea Mifid 2 para que los mercados funcionen mejor. Todos los trabajadores de entidades financieras, empresas de servicios de inversión y gestoras de fondos que informen o asesoren deben haber recibido la instrucción necesaria. El número mínimo de horas será de 80 para el personal que ofrezca información y de 150 para el que asesore.

Santander fichó el año pasado a IE Bussiness School y Financial Times para cumplir con los nuevos requisitos y casi todos los empleados que requerían la formación –unos 11.000 de los 20.000 que forman la plantilla en España– ya están listos para pasar el examen. El programa arrancó en octubre. La entidad que preside Ana Botín y que contaba a cierre de marzo con más de 188.000 empleados en todo el planeta, aunque poco más del 10% trabaja en España, ha llegado a un acuerdo con 22 universidades de todo el país para realizar allí las pruebas. Ya se ha convocado la primera. Todos los empleados de la red comercial podrán examinarse.

La acreditación será externa, de modo que servirá a los empleados para desempeñar su labor en cualquier otra entidad. Los empleados que superen los exámenes recibirán uno de los dos siguientes certificados: en información en servicios financieros (CISF), para los que solo den información, y en asesoramiento en servicios financieros (CASF), para los que además aconsejen. 

Santander creará una nueva unidad formada al menos por tres directores generales que tutelará los criterios en materia de cualificaciones. El supervisor que preside Sebastián Albella está en proceso de elaboración de una lista de certificadores que supondrán la máxima confianza de que las plantillas saben todo lo necesario para realizar con plenas garantías sus cometidos. Los bancos, las empresas de servicios de inversión y las gestoras deberán disponer de un registro de cada empleado, con sus acreditaciones, conocimientos y con su experiencia.

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También podrán servir de garantía externa otros títulos distintos de los incluidos en la lista; aquí, la responsabilidad de la entidad será máxima en que se cumplan las directrices, al igual que si la acreditación fuera interna. Cuando así lo hagan, la responsabilidad recaerá en el consejo de administración o en el comité de cumplimiento normativo de la entidad.

La CNMV exige una experiencia de seis meses en la prestación de esos servicios. Los empleados tendrán un plazo para formarse de cuatro años como máximo, y en ese tiempo podrán realizar las labores con una persona que responsabilice de ese trabajador. La capacitación, en todo caso, no será para siempre, sino que se exigirá una formación continua de al menos 20 horas para los informadores y de 30 para los asesores.

A las personas que informan se les exigen 10 puntos; entre ellos, que conozcan las características y los riesgos de los productos, que sean conscientes de los costes para los clientes de los artículos financieros y que tengan conocimientos básicos para su valoración. Los trabajadores que den consejos concretos de inversión deberán, además, “conocer cómo el producto puede no ser adecuado”, que sepan los requisitos de idoneidad y que conozcan principios de gestión de carteras.

Solo aquellos trabajadores que digan dónde se puede encontrar información, los que distribuyan folletos o documentos y los que no tengan contacto directo con los clientes están exentos de la obligación de probar sus conocimientos. Fuentes del sector señalan que más del 50% de la plantilla del sector financiero tendrá que someterse a las directrices. De los casi 200.000 trabajadores del sector en España deberían pasar la evaluación más de 100.000.

El 75% del personal que asesora tiene formación universitaria, pero solo un 49% se encuentra acreditado por algún certificador externo, como EFPA o CISI. En el caso del personal que informa, solo el 7,1% cuenta con una validación.

Las claves de las nuevas reglas a partir de enero

Las personas que informan han deben cumplir 10 puntos. Entre ellos, que conozcan las características y los riesgos de los productos, que sean conscientes de los costes para los clientes de los artículos financieros y que tengan conocimientos básicos para su valoración. Los trabajadores que den consejos concretos de inversión deberán, además, “conocer cómo el producto puede no ser adecuado”, que sepan los requisitos de idoneidad y que conozcan principios de gestión de carteras.

Solo los trabajadores que digan dónde se puede encontrar información, los que distribuyan folletos y los que no tengan contacto directo con los clientes están exentos de la obligación de probar sus conocimientos. Más del 50% de la plantilla del sector financiero tendrá que someterse a las directrices. De los casi 200.000 trabajadores en España deberían pasar la evaluación más de 100.000.

El 75% del personal que asesora tiene formación universitaria, pero solo un 49% se encuentra acreditado por algún certificador externo. El 7,1% de los informadores está validado por un tercero.

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