Gobierno y jueces afrontan el fin de la primera ronda negociada de cláusulas suelo
Impulso al organismo de control de la vía extrajudicial El CGPJ especializa 54 juzgados y 65 jueces en prácticas
El pasado martes se cumplió el plazo dado a las entidades financieras para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial con su clientela en torno a la primera ronda de reclamaciones por cláusulas suelo hipotecarias encauzadas mediante la nueva vía negociada que el Gobierno impulsó por decreto ley.
Aunque el mecanismo sigue vigente, y los consumidores interesados pueden seguir solicitando la devolución de lo pagado en aplicación de cláusulas suelo opacas, los resultados de la primera tanda hacen prever una nueva oleada de litigios en los juzgados de los clientes descontentos con la respuesta recibida de las entidades.
Gobierno y jueces han reaccionado a finales de esta semana con dos iniciativas en paralelo que tienen por objetivo elevar el control del mecanismo de negociación extrajudicial y absorber el aluvión de nuevas demandas que puedan presentar quienes han agotado ya esta vía.
Así, de un lado, el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión del pasado viernes el reglamento que articula la constitución de una comisión de seguimiento y control de la vía negociada a fin de vigilar y evaluar su funcionamiento mediante informes semestrales.
Formarán parte de esta plataforma, que llega cuatro meses después del decreto que impulsa el mecanismo a vigilar, representantes de los consumidores y de la abogacía. "No vamos a servir al Gobierno de convidado de piedra para ayudarle a lavar la cara a los bancos", advierte el portavoz de la asociación de consumidores Facua, que tacha de “pantomima” un órgano, que el que no participarán, y que llega con “meses de retraso”.
La comisión de seguimiento
Finalmente, según ha informado el Gobierno, la Comisión estará integrada por el subgobernador del Banco de España, que la presidirá; el secretario general técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; un representante del Ministerio de Justicia; un representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios; un representante del Consejo General de la Abogacía Española; un representante del Consejo General del Poder Judicial; y un representante de la Asociación Hipotecaria Española.
Las entidades tendrán la obligación de informar a este organismo del número de reclamaciones recibidas, detallando cuáles concluyen con acuerdo y los motivos en caso de que no; el importe al que afectan las solicitudes recibidas; las compensaciones aprobadas o los recursos destinados a este mecanismo de negocio extrajudicial.
El organismo también podrá recurrir a Justicia información sobre los litigios abiertos en esta materia, deberá compartir toda la información que recabe con el Banco de España y deberá emitir un informe semestral con sus conclusiones.
De momento, la mayoría de entidades financieras han rehusado dar datos públicos de las reclamaciones recibidas o la respuesta ofrecida, aunque las asociaciones de usuarios vienen denunciando que el grueso son negativas y obligan al consumidor a acudir a la vía judicial.
Solo Bankia y BMN, entidades nacionalizadas que han promovido una devolución prácticamente generalizada, han ofrecido datos. Bankia actualizaba este viernes su estadística revelando que ha abonado 170 millones de euros a 34.000 clientes mientras que BMN ha atendido más de 20.100 reclamaciones y ha devuelto 27,1 millones.
Refuerzo Judicial
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó en la Comisión Permanente del jueves el plan definitivo de especialización de un juzgado por provincia en materia de cláusulas suelo para tratar de evitar un colapso judicial derivado de la nueva tanda de pleitos que planteen los consumidores en materia de cláusulas suelo.
A partir del 1 de junio, 54 juzgados de primera instancia (uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear) se dedicarán en exclusiva, aunque de forma no excluyente, a los litigios relacionados con contratos hipotecarios.
Además, el CGPJ ha designado 65 jueces en prácticas, que han recibido formación específica en la materia hipotecaria, como refuerzo para los juzgados elegidos, que podrán realizar otras funciones si los Tribunales Superiores de Justicia de cada región consideran un reparto diferente de la carga de trabajo.
En concreto, el reparto de jueces de refuerzo supondrá sumar 11 más en Andalucía, dos en Asturias, uno en Baleares, uno en Canarias, uno en Cantabria, cinco en Castilla y León, cuatro en Castilla-La Mancha, seis en Cataluña, nueve en la Comunidad Valenciana, dos en Extremadura, cinco en Galicia, ocho en Madrid, uno en Murcia, cuatro en Navarra y cinco en el País Vasco.
Todos estos juzgados deberán tener muy presente la importante mejora de la protección al consumidor financiero que ha introducido en los últimos tiempos el Tribunal de Justicia de la UE, recordó el viernes quien fuera abogado general de este organismo, y actual secretario del consejo de la CNMV, Miguel Martínez Gimeno, en la Academia de Práctica Jurídica Europea, apoyada por el Colegio Notarial de Madrid, resaltando el calado del derecho comunitario en esta materia.
Los añadidos del Ejecutivo
El Gobierno aprovechó el Real Decreto sobre cláusulas suelo para introducir otras medidas:
Fundaciones bancarias: El Ejecutivo utiliza el decreto para ampliar de cinco años (prorrogables dos más mediante autorización del Banco de España) a ocho años (prorrogables otro ejercicio) el plazo que tienen las antiguas cajas de ahorro que siguen controladas por sus antiguas fundaciones para constituir un fondo de reserva que prevenga posibles contingencias (a contar desde junio de 2015). Además, hasta que el fondo de reserva alcance el importe objetivo, las fundaciones bancarias deberán destinar al mismo el 30% de los dividendos cobrados por las entidades de crédito, en lugar del 50% exigido inicialmente.
Transparencia bursátil: El Gobierno también aprovecha para transponer la directiva europea de transparencia de los mercados dando poder a la CNMV, como avanzó este diario, para suspender el derecho de voto a los accionistas que no comuniquen grandes cambios en su cartera.
Valores: También adapta la normativa comunitaria de regulación de sistemas de pagos y liquidación de valores para adaptar Iberclear, la plataforma española, a la europea Target2-Securities.
