La venta de créditos morosos a fondos de inversión ha inundado los juzgados

La reapertura de ejecuciones llegó a incrementarse hasta un 36,9% en los juzgados La sucesión procesal del titular del crédito ha obligado a reabrir los procedimientos

En una muestra más de cómo lo que sucede en la economía acaba teniendo un reflejo directo en la Administración de Justicia (y viceversa), los efectos de la venta de créditos morosos a fondos de inversión durante los años de crisis ha tenido su impacto en la actividad de los órganos judiciales. La venta masiva por parte de las entidades financieras de créditos en situación de mora a fondos de inversión ha conllevado la reapertura de ejecuciones judiciales inundando los juzgados.

Así aparece reflejado en la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2016 (con datos relativos a 2015). En el apartado que el órgano de gobierno de los jueces dedica a contabilizar el número de ejecuciones judiciales que se llevan a cabo en los juzgados y tribunales, la memoria subraya el hecho de que “un fenómeno que viene produciéndose cada vez con mayor virulencia es la reapertura de las ejecuciones, fenómeno que se inició en 2012 y que en 2015 ha llegado a suponer en los juzgados de primera instancia, primera instancia e instrucción y de familia un incremento del 36,9% (37.666 más)”.

Según puntualiza el CGPJ, “los incrementos han sido especialmente relevantes en las ejecuciones de restantes procesos civiles (26.881, el 40%), en las ejecuciones de otros títulos no judiciales (8.583, el 39,6%) y en las ejecuciones hipotecarias (1.324, el 22,6%)”.

Los motivos

Tal y como señala la propia memoria, “uno de los motivos del incremento de las reaperturas de este tipo de ejecuciones civiles está en la venta masiva por parte de las entidades financieras de créditos en situación de mora a fondos de inversión, lo que conlleva que el adquirente se subrogue en la situación de acreedor de la entidad financiera, y en el caso de que dicho crédito haya sido ya reclamado judicialmente, provoca la sucesión procesal del ejecutante”.

Continúa explicando el CGPJ que esto “en la práctica procesal ha provocado un incremento elevadísimo de las reaperturas de los procesos de ejecución civil y en concreto los de ejecución de resoluciones dictadas en procesos judiciales que no versan sobre cuestiones de derecho de familia, ejecuciones de títulos no judiciales (escrituras públicas, pólizas de contratos mercantiles, títulos al portador o certificados de valores) y ejecuciones hipotecarias”. Y añade que, además, sobre las ejecuciones hipotecarias incide la particularidad de este tipo de procedimientos, en los que la admisión de la oposición conlleva ‘ope legis’ (por ley) la suspensión de los mismos. Una vez resuelta la oposición, en caso de no ser totalmente estimada, se alza la suspensión y continúa la tramitación de la ejecución.

En todo caso, el Consejo pone de manifiesto que, pese al mencionado fenómeno de las reaperturas es evidente que la capacidad resolutiva de los órganos unipersonales de primera instancia en lo que a ejecuciones se refiere es muy elevada, ya que absorbe no sólo las ingresadas, sino también una buena parte de las reabiertas.

Contexto económico

El abogado Ignacio Fernández Aguado, socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, explica el contexto en el que se ha producido este incremento significativo en la reapertura de ejecuciones judiciales: “Con motivo de la crisis se ha generalizado la venta (masiva) de créditos de dudoso cobro o incluso incobrables, con un descuento o quita muy importante. Este tipo de créditos se han vendido, bien de forma autónoma, bien dentro de carteras mucho más grandes junto con créditos no tan deteriorados. Los adquirentes, fundamentalmente, fondos buitre (como vulgarmente se les denomina) tienen un gran margen para obtener rentabilidad dado que su precio de adquisición es pequeño, con lo que, con una mínima y razonable recuperación, el saldo a su favor es relativamente fácil de obtener”.

Este experto señala, además, que “el vendedor evita así costes adicionales para una recuperación muy inferior al principal debido. El comprador puede asumir los costes de continuar o seguir las ejecuciones dado el margen con el que ha adquirido”.

En cuanto al tipo de operaciones que están protagonizando este incremento de reaperturas, señala que “las hay de todo tipo, pero fundamentalmente inmobiliarias y crediticias”. Y añade que cree que todos los bancos han vendido y también hay muchos fondos que han adquirido, fundamentalmente extranjeros que buscan una rentabilidad alta”.

En todo caso, considera que estos hechos “pueden ser un motivo más de colapso, pero los juzgados ya estaban colapsados antes en buena medida”. En su experiencia, “el problema de los juzgados es otro muy distinto: de medios, recursos y control”.

Situación en 2016

Los datos que pone de manifiesto la última memoria del CGPJ se refieren a 2015 y son los últimos disponibles de forma oficial. Pero, en una consulta realizada por este medio al servicio de estadística judicial del Cendoj, señalan que la situación se ha moderado en el último año. Aunque la reapertura de ejecuciones hipotecarias ha seguido creciendo en 440 asuntos (un 6,1% más), las reaperturas de otros títulos judiciales ha caído en 27.223 (un 27,9%) y las de otros títulos no judiciales en 3.614 (un 12%).