Una política de vivienda eficaz y que no recaliente el mercado

El sector inmobiliario debe afrontar la recuperación, pero también el del desarrollo racional

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la presentación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la presentación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

El plan de vivienda presentado ayer por el Gobierno para el trienio 2018-2021 incluye ayudas a la compra, alquiler y rehabilitación de vivienda y se centra especialmente en tres colectivos: jóvenes, personas mayores y personas afectadas por deshaucio. En el caso de los jóvenes, se incluyen ayudas directas y a fondo perdido para comprar la vivienda por valor de hasta el 20% del precio total del inmueble con un tope de 10.800 euros. Si se trata de alquiler, el Gobierno se hará cargo de hasta el 50% del importe para rentas de hasta un máximo de 900 euros al mes. En el caso de las personas mayores, el montante se extenderá al 50% del alquiler o bien de hasta 200 euros mensuales para pagar las facturas de suministro. Las familias en situación de desahucio contarán con 400 euros al mes para pagar el alquiler, siempre que la renta del piso no supere esa cifra. Las ayudas para jóvenes y mayores tendrán una duración máxima de tres años, mientras que serán de dos años para los desahucios.

Pese a estar dirigidas a resolver situaciones sociales sensibles y complejas, que deben ser abordadas, las ayudas directas a la vivienda tienen un riesgo: el recalentamiento de un mercado que sufre todavía los efectos del estallido de la burbuja. En el caso de los jóvenes, la principal barrera de acceso a la vivienda radica en la escandalosa tasa de paro del colectivo –todavía superior al 40%– y la precariedad del empleo creado, que actúan de barrera insalvable a la hora de pedir un crédito bancario. Precisamente por ello, parece más eficiente destinar recursos a la promoción del empleo juvenil que al subsidio de la vivienda, y limitar esas ayudas a colectivos en situación de extrema necesidad o exclusión. El Gobierno debería optar también por promover una modalidad de ayuda a la vivienda, bien en alquiler o bien en propiedad, y en todo caso, en tratar de interferir lo menos posible en un mercado que en España, por tradición y cultura, es fácilmente inflamable. El sector inmobiliario tiene ante sí el reto de la recuperación, pero también el de un desarrollo racional. No se trata únicamente de crecer, sino de hacerlo de forma sostenible. Ese debe ser el gran objetivo de una política de vivienda en España.

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