Bruselas exige a Londres que garantice de por vida los derechos de los residentes europeos
La UE promete reciprocidad para los expatriados británicos en suelo comunitario Barnier confía en pactar el cálculo de la factura de salida antes de fin de año
Bruselas ha exigido hoy al Reino Unido que garantice "de por vida" los derechos de los millones de europeos que residan o trabajen en territorio británico hasta que se consume la salida del país de la Unión Europea. La demanda figura como el elemento más destacado y prioritario en el proyecto de dictamen aprobado hoy por la Comisión Europea para la apertura de negociaciones con Londres.
El documento, cuya aprobación definitiva se espera el próximo 22 de mayo, confirma a Michel Barnier como negociador-jefe por parte de la Unión y establece los parámetros para la primera fase de negociación, en la que Bruselas intentará pactar con Londres los principios sobre los puntos más espinosos de la salida del club.
Barnier ha advertido hoy en rueda de prensa que las negociaciones serán extremadamente complicadas. "Alguno están dando la sensación de que el brexit no tendrá impacto en nuestras vidas y de que las negociaciones se pueden resolver rápidamente, pero no es así", ha señalado el excomisario europeo, en aparente alusión al gobierno de Theresa May.
La primera fase de negociación deberá alcanzar un principio de acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido y de los británicos en suelo europeo; las facturas pendientes que deberá liquidar Londres por su pertenencia al club; y el acuerdo sobre la frontera terrestre entre Irlanda (socio de la UE) e Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido y, por tanto, será territorio extracomunitario después del brexit.
Barnier ha asegurado que el objetivo "es avanzar lo más rápido posible para poder iniciar cuanto antes la segunda fase de negociación, que debe pactar la futura relación entre la UE y Reino Unido". El negociador-jefe confía en que "este otoño, en octubre o noviembre, podré constatar si ha habido o no progresos suficientes" para pasar a la segunda fase.
El primer objetivo, según Barnier, será preservar los derechos de los 3,2 millones de europeos que residen o trabajan en Reino Unido. Bruselas exige que se les garantice de manera vitalicia del derecho de residencia, incluido el de reagrupamiento familiar; el derecho de trabajo; el acceso a la seguridad social y al sistema sanitario, incluidos los beneficios de desempleo, familiares o de jubilación; y el reconocimiento de títulos, diplomas o cualquier otro tipo de cualificación.
Bruselas ofrece a cambio los mismos derechos de por vida a los 1,2 millones de británicos que residen o trabajan en suelo comunitario, entre ellos, los 286.000 que viven en España, un tercio de ellos pensionistas.
¿Cheque en blanco?
El segundo contencioso a resolver atañe a las facturas pendientes del Reino Unido por su compromiso presupuestario con proyectos y fondos que ya están marcha. El mandato de negociación señala que deberá calcularse "la cifra total" que debe abonar Reino Unido, así como el calendario de pago y las normas sobre la aparición de potenciales pérdidas en inversiones garantizadas por Londres antes del brexit.
Barnier se ha negado a especular sobre el montante de la factura porque "hasta que no se pacte la metodología no podemos saber las cifras que, además, seguirán evolucionando desde finales de este año [cuando se espera alcanzar el acuerdo sobre el método de cálculo] hasta la salida definitiva [marzo de 2019]".
Los cálculos extraoficiales de la UE apuntan a un saldo neto de entre 40.000 y 60.000 millones de euros, aunque la horquilla puede abrirse o estrecharse en función de la negociación política. El diario Financial Times señala hoy que las posiciones más duras dentro del club europeo podrían elevar el saldo bruto en contra de Londres hasta los 100.000 millones de euros, aunque el rotativo considera que la cifra final será mucho más baja.
"No es un castigo ni una factura de salida", ha insistido Barnier, que se ha soliviantado ante la sugerencia de que se está pidiendo a Londres que acepte a ciegas la factura. "Nunca he pedido un cheque en blanco", ha subrayado en rueda de prensa el negociador europeo, visiblemente molesto. "Sólo pido que se salden las cuentas de los compromisos adquiridos", ha insistido. Y ha advertido que el problema presupuestario puede convertirse en "explosivo" porque hay miles de administraciones y de empresas que esperan la llegada de fondos europeos y "sería un grave problema si los proyectos en marca se tuvieran que paralizar o aplazar".
La contribución neta de Londres al presupuesto europeo ronda los 10.000 millones de euros al año, un ingreso que se perderá a partir del brexit y que deberán cubrir el resto de socios de la UE o recortar el presupuesto comunitario, que alcanza los 140.000 millones al año.
