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La CEOE carga contra el coste de las encuestas del INE

Defiende que puede obtener los mismos datos de registros públicos

Calcula que el coste por empresa y encuesta es de 341 euros

Juan Rosell, presidente de la CEOE.
Juan Rosell, presidente de la CEOE.

La CEOE ha puesto al INE en el foco de sus propuestas de “mejoras legislativas”. La organización empresarial defiende que un cambio en el organismo y en las formas de llevar a cabo sus encuestas supondría “un ahorro muy considerable” para las empresas.

Así lo argumenta la CEOE en su documento La producción normativa en 2016, en el que critica el nivel de regulación “muy elevado” al que se enfrentan las empresas en España.

En concreto, la patronal critica en dicho escrito que la elaboración de las encuestas estructurales del INE, que estudian los sectores de industria, comercio y servicios, suponen importantes costes para las empresas.

La organización empresarial argumenta que las empresas tienen que cumplimentar documentos con “más de 80 apartados”, cuando “esta información consta en diversos registros públicos”. Por ello, pide que el organismo público de estadística se remita a fuentes como el Registro Mercantil, el Directorio Central de Empresas o la Seguridad Social, “en lugar de imponer la obligación estadística a las empresas”.

La CEOE asegura que las 179.500 empresas que participaron en 2014 en los citados informes estadísticos tuvieron unos costes administrativos medios de 341 euros por encuesta, por el tiempo dedicado a su cumplimentación y el gasto en personal. Así, según la patronal, las empresas gastan 62 millones en su conjunto en la realización de estas encuestas.

A la crítica a sus costes, la CEOE añade su oposición que la obligatoriedad de participar en estas encuestas. Las empresas están sometidas a una multa por parte de la Administración de un importe medio de 300 euros. En 2015, el número de expedientes sancionadores incoados por este motivo fue de 1.740.

Más allá de su oposición al coste de las encuestas del INE, la CEOE critica que las empresas españolas se encuentran con un nivel de regulación “muy elevado que genera un marco normativo denso y complejo”. En concreto, la patronal remarca que en 2016, pese al parón legislativo por la falta de Gobierno, se publicaron 436 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal. Sin embargo, esta cifra es un 50% menos que en el año anterior.

Además de su solicitud para modificar las encuestas del INE, la CEOE plantea otras alternativas para reducir la carga administrativa de las empresas. Entre ellas, destaca la propuesta de crear una “carpeta del empresario”. La patronal defiende que facilitaría la tramitación de un conjunto de procedimientos de relación con las Administraciones, evitando la “reiterada” aportación de datos identificativos requeridos. De esta manera, la organización pretende ampliar la capacidad del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece), que evita que las empresas tengan que presentar la misma documentación en todas las licitaciones públicas a las que se presente.

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