El juez impone 9,5 millones de fianza por los sobresueldos de Catalunya Caixa
El juez abre juicio oral a Serra y Todó y otros 39 exdirectivos El rescate de la entidad tuvo un coste de 13.600 millones
El cerco judicial ha acabado de estrecharse sobre la antigua cúpula de Catalunya Banc. El juez titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona decretó este lunes la apertura de juicio oral por los sobresueldos aprobados en plena crisis económica por la cúpula de una entidad que acabó requiriendo un rescate público de 13.600 millones de euros. En su auto, el juez exige además una fianza millonaria a 41 exaltos cargos, incluyendo al expresidente Narcís Serra y al exdirector general Adolf Todó.
El juez Julián García Eulate conmina a los 41 acusados a depositar conjunta y solidariamente una fianza de 9,568 millones de euros de los que deberán abonar 2,568 millones por el supuesto fraude al Fondo de Restauración Ordenada Bancaria (FROB) y siete millones Caixa Catalunya, denominación anterior de Catalunya Banc, que acabó intervenida y vendida a BBVA en una subasta posterior por 1.130 millones.
En un auto, difundido este lunes por Europa Press, el juez también exige a Todó el pago de una fianza adicional de 808.563 euros. “De no verificarlo, procédase al embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir las referidas cantidades”, ordena el juez.
A partir de ahí, el juez da un plazo de 30 días a los abogados de los 41 acusados para presentar sus escritos de defensa, después de que las acusaciones ya hayan presentado los suyos en los últimos meses.
En concreto, el fiscal Fernando Maldonado cuatro años de cárcel para Serra, que antes de presidir la caja fue ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno socialista, así como para el exdirector general de la entidad Adolf Todó, y otra quincena de exdirectivos.
A todos ellos, el Ministerio Público les atribuye dos delitos de administración desleal y les acusa de “abuso del cargo” en “beneficio propio” y en “claro perjuicio” de la entidad que gestionaban. Los sueldos “no dejaron de subir” de 2009 a 2011 pese a la grave situación que atravesaba el sector financiero, expuso el fiscal, que pedía 2,5 millones de indemnización para el FROB.
Para otros 24 exmiembros del consejo de la antigua caja de ahorros, Anticorrupción solicita penas de dos años de cárcel por un delito de administración desleal.
Entre las decisiones bajo la lupa judicial se encuentra la retribución anual de 600.000 euros pagada a Todó, que luego se aumentó a 800.000, y a la que acompañaba un variable, condicionado a objetivos, por el 35% del total. Además, se le preparó un plan de prejubilación a partir de los 60 años por el que cobraría un 90% de su sueldo mensualmente hasta los 67 años y una renta vitalicia por el 80% del montante percibido ese último año.
Por otra parte, en caso de fallecimiento, la hija de Todó recibiría una pensión vitalicia por el 50% del valor de su último salario anual. Todó ingresó cuatro millones de euros de 2008 a 2012, dejando a parte cerca de dos millones en aportaciones a su plan de pensiones. A su vez, el consejero delegado Jaume Massana percibió en ese mismo período una retribución de 2,9 millones y una aportación al plan de pensiones por importe de más de 633.000 euros.
Por su parte, Serra, además de los “elevados emolumentos en concepto de dietas” por presidir las comisiones y el consejo de administración –de 24.801 a 135.707 euros al año- cobró un sueldo anual de 175.000 euros desde 2007. La Fiscalía también recalca “las escandalosas y millonarias indemnizaciones” a otros miembros del consejo.
De los sueldos al lastre del ladrillo
El caso de los sobresueldos de Catalunya Caixa se aboca ya a la apertura en el corto plazo de un juicio oral contra la excúpula de la antigua caja con un auto especialmente contundente. Después de todo, el juez impuso este lunes una fianza que supera incluso la petición realizada por la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que solicitó abrir juicio el pasado febrero.
En paralelo, la Audiencia Nacional admitió a trámite recientemente una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que solicitaba la imputación del expresidente de la entidad Narcís Serra y de otros 14 exaltos cargos, incluyendo al exdirector general Adolf Todó, ante las “notables irregularidades” en la gestión inmobiliaria que habrían causado un perjuicio de 720 millones a la antigua caja de ahorros.
