Tributación

¿Qué países se consideran paraísos fiscales?

No hay unanimidad respecto a qué territorios son paraísos fiscales

Cada Estado u organización tiene sus propios criterios de valoración

Playa paradisíaca
Playa paradisíaca GETTY

Un ciudadano español abre una cuenta en las Islas Caimán en la que ingresa el dinero que percibe con motivo de su actividad profesional en su país de origen. Si el Gobierno de España quisiera información acerca de esa cuenta bancaria no obtendría nada, ya que en ese territorio rige el secreto bancario. Ésta sería una representación de lo que es un paraíso fiscal, que puede definirse como un país, Estado o territorio con niveles de tributación bajos o inexistentes, donde los operadores económicos gozan del anonimato que proporcionan el secreto bancario, mercantil y profesional.

En estos paraísos fiscales suelen domiciliarse las llamadas sociedades offshore constituidas por no residentes y exentas del pago de impuestos que se benefician de estrictas leyes de privacidad o secreto bancario, por lo que reciben también el calificativo de opacas.

Además de suponer un régimen tributario especialmente beneficioso al evitar el pago de impuestos en sus respectivos países, los trámites de constitución de este tipo de sociedades resultan muy ágiles y fáciles.

Listas de paraísos fiscales

No existe una lista de paraísos fiscales unificada porque cada país u organización aplica sus propios criterios de valoración. La clasificación más conocida es la efectuada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según la OCDE las características clave para determinar que un territorio se califique como paraíso fiscal son cuatro:

- La primera es si la jurisdicción no impone impuestos o impone impuestos exclusivamente nominales (ficticios o no efectivos), reconociendo, no obstante, que este criterio de la no imposición o la imposición nominal no es suficiente, por sí sólo, para calificar a un territorio como paraíso fiscal. La OCDE reconoce que cada jurisdicción tiene derecho a determinar sí imponer impuestos directos y, si los impone, a determinar el tipo de gravamen que considere oportuno. Según este organismo es preciso analizar los otros tres factores para determinar si una jurisdicción es o no un paraíso fiscal.
- Si hay ausencia de transparencia.
- Si existen leyes o prácticas administrativas que evitan el efectivo intercambio de información con fines fiscales con otros gobiernos sobre los contribuyentes beneficiarios de los inexistentes o nominales impuestos.
- Si no se exige el desarrollo de una actividad efectiva en el territorio.

La lista de los países o territorios considerados por España como paraísos fiscales a falta de reglamento que los determine son los previstos en el artículo 1 del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, con exclusión de lo señalado por el artículo 2 del mismo decreto. Según este último artículo, si dichos países o territorios firman con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información, dejarán de tener la consideración de paraísos fiscales en el momento en que entren en vigor.

Esta lista puede además actualizarse en virtud del apartado 2 de la Disposición adicional primera de la Ley 36/2006 de 29 de noviembre de medidas para la prevención del fraude fiscal, de modo que determinados países entrarán o saldrán de esta "lista negra" atendiendo a los siguientes criterios:

a) La existencia con dicho país o territorio de un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información, un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y del Consejo de Europa enmendado por el Protocolo 2010, que resulte de aplicación.
b) Que no exista un efectivo intercambio de información tributaria en los términos previstos por el apartado 4 de esta disposición adicional.
c) Los resultados de las evaluaciones inter pares realizadas por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.

Oxfam Intermon publicó en diciembre de 2016 la lista de los peores paraísos fiscales del mundo, que por orden de importancia son los siguientes: Islas Bermudas, Islas Caimán, Países Bajos, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curazao, Hong Kong, Chipre, Las Bahamas, Jersey,  Barbados, Mauricio e Islas Vírgenes Británicas. Cuatro de los territorios identificados (Islas Caimán, Jersey, Bermudas e Islas Vírgenes Británicas) son, además, responsabilidad del Reino Unido, país que, sin embargo, no figura en la lista. De esta lista se deduce que no puede considerarse, por tanto, que los paraísos fiscales sean únicamente territorios lejanos, algunos de ellos como Luxemburgo o Irlanda están en pleno corazón de la Unión Europea y se han visto implicados en escándalos fiscales. De hecho, Irlanda acaparó los titulares de la prensa internacional cuando se descubrió un acuerdo fiscal entre el Estado irlandés y Apple que permitió al gigante tecnológico pagar durante años un tipo impositivo efectivo del 0,005% en el impuesto de sociedades en el país. Asimismo, las Islas Vírgenes Británicas acogen a más de la mitad de las 200.000 empresas offshore creadas por Mossack Fonseca, el bufete de abogados en el centro del escándalo de los papeles de Panamá.

Sin embargo, tan solo tres de estos territorios (Islas Bermuda, Islas Vírgenes Británicas y Mauricio) permanecen en la lista oficial española de paraísos fiscales. El resto de territorios nunca han estado en ella, como por ejemplo Suiza, o han ido saliendo al firmar un convenio de intercambio de información fiscal que no siempre ha resultado eficaz. Además, casi la mitad de las filiales de empresas del IBEX35 ubicadas en paraísos fiscales también han optado por localizarse en alguno de estos 15 territorios fiscalmente más agresivos. Queda en evidencia por tanto, que la legislación española podría ser insuficiente a la hora de abordar la lucha contra los paraísos fiscales.

Unión Europea

Por su parte, Bruselas estimó que las arcas públicas europeas dejan de ingresar entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año debido a la evasión fiscal. A raíz de este dato, elaboró un paquete de medidas entre las que se incluyó actualizar la lista negra de los países que la Unión Europea considera paraísos fiscales, lo que conlleva que tanto las personas físicas como jurídicas de los países incluidos en la lista se enfrenten a controles más estrictos de lo habitual a la hora de hacer negocios en la UE. Esta lista aún no tiene una versión definitiva ya que el pasado mes de enero el Parlamento Europeo la devolvió a la Comisión porque consideró que no incluía a todos los territorios que facilitan la comisión de delitos fiscales. La lista de la Comisión contenía once países, entre otros Afganistán, Irak, Bosnia Herzegovina y Siria, por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Uno de los avances de la Unión Europea en este asunto se produjo a finales de 2014 con la firma del acuerdo para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, acabar con la opacidad y favorecer la transparencia bancaria, una vez que Luxemburgo y Austria cedieran y levantaran el secreto bancario. Este acuerdo, que supone el final del secreto bancario en la Unión, es aplicable desde este año 2017.

Sin embargo aún queda mucho para acabar con la evasión fiscal por parte de los países miembros de la UE, y es por ello que el pasado lunes 27 de marzo la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo emitió una propuesta de reforma de la Directiva contra la elusión fiscal (2016/1164), en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países con el objetivo de combatir la elusión de impuestos por parte de las grandes empresas, las cuales aprovechan estas diferencias (asimetrías híbridas) que existen entre los sistemas fiscales de los Estados miembros de la UE y de terceros países para evitar pagar impuestos.

¿Cómo afecta la existencia de los paraísos fiscales a la economía?

Respecto a sus consecuencias económicas, Oxfam Intermon, en su reciente informe titulado "Una economía para el 99%" denunciaba que España deja de ingresar aproximadamente 1.550 millones de euros como resultado de la actividad canalizada a través de los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo, lo que supone el 58% del déficit del fondo de reserva de las pensiones en 2017. En esta misma línea, en el informe "Una economía al servicio del 1%" publicado justo un año antes, alertaba sobre el hecho de que a nivel mundial los paraísos fiscales esconden 7,6 billones de dólares de fortunas individuales, una cantidad superior al PIB del Reino Unido y Alemania juntos.

En ambos informes, la entidad señala que los paraísos fiscales son solo una parte del problema, ya que a consecuencia de su existencia los países de todo el mundo están reduciendo la tributación que aplican a las grandes empresas en una "competencia" por atraer más inversiones. De hecho según indican, a raíz de la reducción de la tributación a las empresas, "los Gobiernos tratan de equilibrar sus cuentas reduciendo el gasto público o subiendo impuestos como el IVA, que afectan sobre todo a las personas de menores recursos".

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