Editorial

Seguridad jurídica y gasto público

Fomento tiene ante si el pago de indemnizaciones a Abertis por valor de 1.495 millones de euros por la compensación de tráficos comprometidos desde 2006 en la AP-7, en función de una sentencia judicial que, aunque es recurrible, da la razón a la concesionaria catalana. Pero tal cantidad puede elevarse a 2.300 millones de tener resolución similar otras reclamaciones por la apertura de vías gratuitas en la AP-4 y AP-7. Tales riesgos financieros se suman al ya comprometido por la aplicación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración en el caso de las radiales, que tratan de compensar sobrecostes en las expropiaciones o tráficos estimados y nunca practicados. En definitiva, que la crisis la puede costar a Fomento solo en materia de carreteras 6.000 millones de euros.

La práctica contractual de garantizar determinados ingresos y cargar sobre las espaldas del presupuesto público errores de cálculo o de gestión de compañías concesionarias proporcionan seguridad jurídica a la inversión; pero antes de comprometerlas los sucesivos gobiernos deben ser respetuosos con los contribuyentes y con los administradores futuros del dinero público, y dejar claro que el riesgo cero no existe en ningún proyecto de inversión, y menos a cargo de los ciudadanos, que siempre participan de las pérdidas y nunca de las ganancias.

 

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