Abertis gana una batalla de 1.500 millones a Fomento por la AP-7
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce el derecho de la concesionaria a ingresos por tráfico garantizado a cambio de inversiones imprevistas
Abertis ha obtenido un importante reconocimiento en sede judicial en la guerra que tiene abierta con Fomento desde finales de 2011 por la autopista AP-7. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid afirma que la concesionaria viene obrando correctamente al considerar como activo financiero el saldo de compensación de tráfico que había pactado con Fomento en 2006 para la citada autopista, operada por su filial Acesa, por inversiones imprevistas por 500 millones para construir 123 kilómetros en carriles adicionales.
Fue en la censura de las cuentas de 2011 de la propia Acesa donde la Delegación del Gobierno en las autopistas de Fomento señaló dudas sobre la citada compensación por tráfico garantizado. Ante ese escenario de incertidumbre, Acesa presentó recurso de alzada contra la censura de cuentas, que Fomento desestimó en junio de 2015. Pese a que Abertis ha mantenido sus argumentos, la diferencia de criterio con el Gobierno, que no considera la compensación por tráfico garantizado (ni su actualización financiera) como parte del saldo del Convenio AP-7, hizo que la compañía dotara provisiones por 859 millones en el primer semestre del citado 2015 por el deterioro de la participación en Acesa.
Pese a ello, la empresa ha seguido actualizando la cuenta a cobrar, que alcanza los 1.494 millones al cierre de 2016 (excluido un efecto to fiscal de 1.235 millones a diciembre de 2015), y el caso se ha mantenido abierto en los tribunales. Y es que la filial de Abertis lo llevó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que aceptó el recurso contencioso-administrativo y cuyo fallo, en sentencia del 7 de marzo, ha sido desvelado hoy. Queda anulada la censura de cuentas de 2011 y reconocido el derecho de Acesa a la remuneración por tráfico garantizado tras inversiones acordadas con Fomento en la AP-7. La propia sentencia señala que cabe recurso de casación y Abertis señaló ayer ante la CNMV que, mientras sigan abiertos los procesos judiciales, “no tiene previsto variar su criterio de prudencia contable sobre el tratamiento del Convenio AP-7”.
Abertis invirtió 500 millones en 123 kilómetros de carriles adicionales
- Obras adicionales
Acesa es la titular de la concesión para la construcción y posterior conservación y explotación de los tramos La Jonquera-Salou de la AP-7; Zaragoza-Mediterráneo y Molins de Rei-El Papiol, estos dos últimos de la AP-2. Fomento pidió a Abertis en 2006 obras adicionales, no previstas en el contrato de concesión, para la ampliación de la AP-7 con un carril adicional en distintos tramos (123 kilómetros), la instalación de peaje cerrado y la concesión de distintos descuentos y bonificaciones. Además, Acesa renunciaba a cualquier derecho a reclamar indemnizaciones por el efecto sobre el tráfico del desdoblamiento de las carreteras paralelas N-II y la CN-340.
Como contraprestación la Administración asumía el riesgo tráfico hasta el final de la concesión que habitualmente corre a cargo del operador privado. Es decir, la diferencia de facturación entre el tráfico real y el fijado en el convenio, que se convirtió en el Real Decreto 457/2006, iba a añadirse, en negativo o en positivo, a las inversiones desembolsadas por Abertis (unos 500 millones) en la cuenta de compensación creada para Acesa una vez que se veían alteradas sus obligaciones. Si al final resulta un cheque a favor de la empresa, su cobro estaba fijado al término de la concesión si antes no se veía restablecido el equilibrio económico-financiero de la misma.
El Convenio AP-7 fue respaldado en su día por Fomento, Hacienda y el Consejo de Estado. Ambas partes estuvieron de acuerdo en la contabilización de las compensaciones y su tratamiento contable entre 2006 y 2010, saltando las discrepancias con la llegada del PP al Gobierno y la implantación de las políticas de recorte en Fomento. La censura de cuentas del ejercicio 2011 dudaba sobre si el convenio debía compensar la caída de tráfico por la coyuntura económica y recomendaba la provisión de esos supuestos ingresos garantizados hasta que la discrepancia fuera resuelta.
Fomento llegó a intentar una modificación unilateral del Real Decreto para modificar la fórmula de compensación, excluyendo la disminución de tráfico derivada de la crisis, pero fue frenado por la Abogacía del Estado.
Sobre la firma
