Cuatro años de cárcel para tres exdirectivos de la CAI
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a cuatro años de prisión a los antiguos responsables de Caja Inmaculada (CAI) por un delito de apropiación indebida.
Nueva condena por los desmanes en la gestión de las antiguas cajas de ahorro. La Audiencia Provincial de Zaragoza condena a tres exdirectivos de Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI, hoy integrada en la red de Ibercaja) por un delito de apropiación indebida relacionada con gestiones inmobiliarias realizadas a costa de la entidad.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, condena a cuatro años de prisión al exdirector general de la entidad Tomás García Montes, al subdirector de la CAI Francisco Javier Alfaro Navarro y al exdirectivo de varias de las firmas participadas por la filial inmobiliaria CAI Inmuebles SAU Ramón Marrero Gómez, también exconsejero socialista de Empleo en la Junta de Andalucía.
Se considera a los tres responsables de un daño patrimonial a la entidad de 6,3 millones de euros (que deben devolver) en relación a diversas operaciones inmobiliarias irregulares y a gastos personales cargados a la entidad.
Montes, que desde 2005 era director general de la CAI y presidente del consejo de CAI Inmuebles, la filial inmobiliaria de la entidad, fue cesado en 2009 por “la manera opaca y personalista” en que ejercía su cargo, lo que generó un “amplio malestar” en la cúpula de la caja por su “falta total de transparencia”.
Alfaro, que fue su “mano derecha” especialmente en las inversiones inmobiliarias realizadas por la caja aragonesa en el sur de España, también fue destituido meses después. Tras su salida, la caja reparó en varias irregularidades cometidas por ambos que les permitieron “obtener ventajas a su favor a costa de la CAI y de las sociedades participadas”, recoge la sentencia.
El fallo detalla que Marrero dio un trato de favor a García Montes y a Alfaro al facilitarles la compra de dos apartamentos en El Puerto de Santa María (Cádiz) al 50% de su valor, con el consecuente perjuicio para las sociedades propietarias, que eran filiales de la inmobiliaria de la entidad. A su vez, estos dos aprobaron luego operaciones ventajosas para el responsable de la firma inmobiliaria, al “hipervalorar” algunas de sus participadas al estallar la crisis.
Además, los tres acusados llevaron a cabo un viaje a Egipto con sus familias, de 11 días (del 30 de noviembre de 2007 al 9 de diciembre del mismo año) para 13 personas en total, por valor de 195.000 euros que fueron cargados a sociedades participadas por CAI inmuebles SAU, filial de la caja de ahorros.
“No hay otra explicación para esos injustificados dispendios a costa de CAI Inmuebles SAU y por tanto, a costa de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, que la estrecha e íntima amistad existente entre los acusados”, dice el fallo.
Quinta condena a gestores de las cajas de ahorro
La sentencia contra los exdirectivos de la CAI es el quinto fallo condenatorio contra distintos responsables de las antiguas cajas de ahorro. El primero llegó en primavera de 2014, cuando la Audiencia Nacional condenó a dos años de cárcel a la excúpula de Caixa Penedès después de que admitieran el cobro irregular de 28,6 millones en pensiones. En 2015, la Audiencia impuso dos años de condena, por administración desleal y apropiación indebida, a varios exdirectivos de Novagalicia por la causa sobre sus prejubilaciones millonarias. Pese a que la pena no supera los dos años, y es habitual eximir el cumplimiento de la condena, el Supremo acabó decretando este enero su ingreso en prisión por la gravedad del delito y el hecho de que no hubieran devuelto el dinero. Hace ahora un año, la excúpula de Caja Castilla la Mancha (CCM) fue condenada a dos años por un delito societario de falsedad contable. Finalmente, la Audiencia acaba de condenar a penas de entre tres meses y seis años de prisión a los 65 usuarios de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia.
Tras el juicio, celebrado el pasado octubre, los tres directivos quedan absueltos, eso sí, de los delitos de administración desleal y estafa que les atribuían las diferentes acusaciones, entre las que, además de la Fiscalía, se encuentra la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo, que ejerce de acusación popular o la propia CAI, como acusación particular, que demandó a sus antiguos directivos.
El fallo de la Audiencia Provincial de Zaragoza es recurrible ante el Tribunal Supremo en un plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia a las partes.
Aviso de actualización
Por sentencia de 11 de julio de 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo absolvió a Tomás García Montes, Javier Alfaro y Ramón Marrero del delito de apropiación indebida por el que habían sido acusados y penados.
