Conflicto en los puertos

Los estibadores levantan los dos primeros días de huelga

El sindicato Coordinadora pide a Fomento que negocie la modificación del real decreto ley que liberaliza la manipulación de carga portuaria

El coordinador general del Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya.
El coordinador general del Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya.

Los sindicatos de la estiba han dado un paso significativo para que el Gobierno se siente a negociar reformas en el Real Decreto Ley aprobado el pasado 24 de febrero para liberalizar la manipulación de carga en los puertos. Suspenden las dos primeras de las nueve jornadas de huelga convocadas a partir de este lunes. Esta concesión parcial, que los trabajadores ofrecen como gesto para facilitar el diálogo, afecta a los días 6 y 8 de este mes, lunes y miércoles de la próxima semana.

“La oposición del PSOE a la convalidación del Real Decreto Ley 4/2017 aprobado por el Gobierno abre una nueva oportunidad para el diálogo y la negociación, exigida también por el resto de grupos políticos: Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea, Ciudadanos, IU, EAJ-PNV, ERC, PdCat, Compromís y Coalición Canaria; y ese es el fin último del preaviso de huelga que hemos convocado los trabajadores”, ha afirmado Antolín Goya, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.

Coordinadora, UGT, CCOO, CIG y CGT han consensuado la suspensión "con la intención de que un clima de normalización laboral anime al Ministerio de Fomento a salir de su cerrada posición e invite a la negociación real, mediante la constitución de una mesa de diálogo sobre la modificación del decreto ley presentado por el Gobierno para su convalidación", cita Coordinadora en un comunicado. Es la segunda vez que las plataformas sindicales aplazan o suspenden las esperadas movilizaciones en los puertos.

El Gobierno se ha mostrado contrario a mover una sola coma de su reforma aprobada en febrero, pero carece de los apoyos suficientes en el Congreso para convalidarla

Por el momento el Gobierno se ha mostrado contrario a mover una sola coma de su reforma. Asegura que ha negociado con empresas y sindicatos durante dos años y que el marco de la liberalización lo marca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE. Desde Fomento se subraya que el texto de la reforma está más cerca de los intereses de los trabajadores que de los manifestados por las empresas.

La Ley de Puertos de 2010 obligó a las empresas estibadoras a participar obligatoriamente en el capital de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), con cuyo personal han de cubrir prioritariamente su actividad.

La CE ya envió a finales de 2011 un requerimiento a España exponiendo que el régimen de los trabajos portuarios era contrario al artículo 49 del Tratado Europeo, sobre la libertad de establecimiento. Después fue el tribunal de Justicia de la UE quien dictó sentencia, en diciembre de 2014, contra la estiba.

Las Sagep deben desaparecer como instrumento de obligatoria participación y exclusividad a la hoira de proveer trabajadores. Se pasará durante tres años de transición de un régimen de monopolio al de empresas de trabajo temporal, lo que ha pùesto en pie de guerra a los sindicatos.

Precisamente, la comisaria de Transporte de la UE, Violeta Bulc, ha remitido hoy una carta al ministro español Íñigo de la Serna en la que anima a cerrar el proceso de liberalización con la convalidación del Real Decreto Ley en el Congreso, donde el Gobierno no cuenta con los apoyos suficientes. Una vez que se haya adoptado este paso, "y siempre que la esencia del Real Decreo Ley no haya sido alterada", Bulc asegura que ordenará a sus servicios a "proceder rápidamente con la tramitación necesaria para informar al Tribunal sobre la ejecución y finalmente con la conclusión del procedimiento sujeto a la aprobación formal del Colegio de Comisarios", ha señalado la comisaria.

  • La subrogación en el centro de las negociaciones

Los representantes de la estiba aprecian que la propuesta del Gobierno "desvanece cualquier posibilidad de acuerdo con las empresas, pues ofrece a los grupos financieros y especuladores internacionales, máximos accionistas y propietarios de las terminales en todos los puertos españoles, la oportunidad de deshacerse de sus trabajadores a cuenta del erario público, de precarizar el empleo y las condiciones de trabajo". Y es que Puertos del Estado corre con los pasivos laborales de los estibadores que se queden sin trabajo con la apertura de su actividad a la competencia.

Coordinadora advierte que "no ha habido ningún avance en la negociación con las empresas a pesar de la reunión técnica celebrada en la tarde de ayer en la sede del CES". Tras estos primeros encuentros, las compañías de la estiba no se comprometen a mantener en sus puestos de trabajo a sus actuales trabajadores portuarios, se queja el sindicato mayoritario.

“Para evitar el conflicto no se puede pedir a los despedidos que sean razonables. Lo razonable es garantizar la continuidad en el empleo a los trabajadores, que no es otra cosa que la subrogación laboral establecida en el Estatuto de los Trabajadores”, ha afirmado Goya.

“No se puede seguir atribuyendo a la Sentencia del TJUE el despido de los trabajadores portuarios que, en realidad, es una decisión política de Puertos del Estado, ratificada por el ministro de Fomento”, concluye el representante sindical.

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