Hacienda pagará atrasos al personal laboral del Estado
Los complementos salariales no se actualizaron en 2016 en la Administración General del Estado por la interinidad del Gobierno Hacienda ingresará a los afectados medio millón de euros
El Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene previsto ingresar en las nóminas de febrero o marzo 545.502 euros de complementos salariales atrasados y no pagados a unos 37.000 empleados públicos laborales de la Administración General del Estado.
En concreto, según detalla la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a los trabajadores más afectados por estos atrasos se les ingresarán entre 45 y 90 euros de media, que se abonarán de una sola vez y se consolidarán en la nómina anual. Si bien otros trabajadores del colectivo que reciben menos complementos recibirán menos dinero.
Este sindicato explicó que el pasado año el Gobierno aplicó un incremento salarial del 1% a todos los empleados públicos, pero quedaron sin actualizar distintos conceptos salariales que normalmente se negocian con los sindicatos pero que en 2016 dicha negociación no fue posible por la situación de interinidad del Ejecutivo.
Entre estos complementos están los de puesto, de productividad, de nocturnidad de trabajo a turnos etc. Por ello, entre los colectivos a los que se les abonarán más atrasos están por ejemplo el personal laboral de Instituciones Penitenciarias, muchos de los cuales tienen plus de peligrosidad que no cobraron el pasado año; el personal de Justicia como forenses, trabajadores de toxicología afectados por turnos y peligrosidad, respectivamente; las plantillas del Imserso u hospitales militares, que cobran complementos por trabajar a turnos y por la noche;o los conductores que reciben pluses por su elevada disponibilidad, entre otros casos.
Quejas sindicales
Para el sindicato CSIF –mayoritario en la Administración General del Estado para la que trabajan actualmente 208.573 personas, de los 2,5 millones de empleados públicos registrados en el Boletín Estadístico de Personal– “esta actualización de las nóminas quince meses después de cuando se deberían haber actualizado pone de manifiesto el trato y a poca consideración hacia el colectivo, pese a los esfuerzos realizados durante la crisis económica”.
Precisamente el presidente del CSIF, Miguel Borra, se entrevistó ayer con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, a quien trasladó la disposición de este sindicato a negociar con el Gobierno un “pacto de legislatura” para mejorar los salarios de los empleados públicos.
Borra indicó que su organización asume que durante este año, además de la incógnita de si podrán aprobarse unos Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno deberá contener el gasto público por los objetivos de déficit y deuda comprometidos con la Unión Europea.
“Entendemos que en 2017 seguimos teniendo esos recortes de Bruselas, pero lo que sí que queremos es que en 2018 y 2019 ese esfuerzo que hemos hecho los empleados públicos se vea reconocido y recuperar esa capacidad de poder adquisitivo”, dijo Borra.
Ante el repunte de los precios –un 3% interanual este mes de febrero–, el líder del CSIF indicó que los empleados públicos esperan que la revalorización de sus salarios tengan como referencia la evolución de inflación y se tengan en cuenta derechos laborales perdidos durante los años de la crisis, como los descuentos en la nómina por baja médica o la jornada de 35 horas semanales.
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