Cuánto pagará por IRPF este año en función de su comunidad autónoma

Cataluña es la comunidad donde las rentas bajas tributan más

Los sueldos muy elevados pagan más en Valencia y Extremadura

La Comunidad de Madrid es, con diferencia, la región con tributos más bajos

renta 2016

 

La Generalitat es la única comunidad que no ha modificado su escala impositiva para adecuarse a la reforma fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y ello provoca que Cataluña se mantenga en 2017 como la comunidad autónoma que exige un esfuerzo fiscal mayor a las rentas bajas. Un contribuyente que gana 16.000 euros pagará en Cataluña 1.611 euros por IRPF, un 10% más que la media y un 12% más que Madrid, la región con menor presión fiscal sobre el trabajo. Para las rentas medias-altas y altas, Extremadura y Valencia son las comunidades que exigen un mayor esfuerzo fiscal.

Cataluña es la comunidad autónoma que mantiene una mayor presión fiscal para los salarios hasta 30.000 euros. Dentro de este límite se encuentran prácticamente ocho de cada diez declarantes del impuesto, según datos oficiales de la Agencia Tributaria. La mayor presión fiscal en Cataluña se explica porque es la única comunidad autónoma que no ha modificado su escala impositiva para adaptarse a la reforma fiscal que aprobó el Gobierno para 2015 y 2016 y que supuso una reducción de los tipos y los tramos impositivos. El IRPF es un tributo que está cedido al 50% a las comunidades autónomas, que tienen competencia para modificar la escala y los gravámenes. Con mayor o menor fidelidad, todas las autonomías han emulado en los últimos años la estructura estatal. Cataluña, en cambio, mantiene la escala anterior y, por ello, aunque no haya elevado el impuesto, su presión fiscal es superior.

Un trabajador que gana el sueldo medio, que según el INE asciende a 22.858 euros, abonará por IRPF 3.187 euros en Cataluña frente a los 3.024 euros de media. Suponen 163 euros más. Respecto a Madrid, la comunidad que mantiene el IRPF más bajo de España, un catalán con el sueldo medio paga cada año 226 euros más.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en la escala estatal un tipo del 9,5% para el primer tramo de renta que va hasta los 12.450 euros. Ocho comunidades han fijado el mismo gravamen y, por lo tanto, su tipo mínimo suma un 19%. Otras seis autonomías mantienen un gravamen mínimo del 10%, lo que eleva el tipo para el primer tramo al 19,5%. En el caso de Cataluña, el gravamen mínimo autonómico asciende al 12%, lo que arroja un porcentaje del 21,5% tras sumar la parte estatal.

Actualmente, no hay dos comunidades autónomas que tengan una misma estructura del IRPF. En mayor o menor medida, todas han hecho uso de su capacidad normativa. Respecto a la escala estatal, la mayoría ha optado por establecer tipos incrementados en la parte alta del tributo. El Gobierno fijó un tipo del 22,5% para rentas superiores a 60.000 euros y muchas comunidades han fijado tramos y gravámenes adicionales. Los grandes cambios se aprobaron en 2015 y 2016. Para 2017, solo la Comunidad Valenciana ha modificado su IRPF. El Ejecutivo de Ximo Puig rebajó el impuesto para las rentas bajas y lo elevó para aquellas que superan los 50.000 euros. De hecho, la Comunidad Valenciana es hoy la autonomía que exige un mayor esfuerzo fiscal a los salarios más elevados. Por ejemplo, un empleado que gana 100.000 euros abonará en Valencia 33.913 euros por IRPF frente a los 33.072 euros de la media. Para rentas entre 32.000 y 90.000 euros, Extremadura exige el mayor esfuerzo fiscal.

En términos generales, se puede dividir a España en tres en función de la presión fiscal que ejerce sobre el trabajo cada comunidad. Un bando está formado por Cataluña, Extremadura, Aragón, Murcia, Baleares y Andalucía, autonomías que destacan por mantener un IRPF superior a la media para prácticamente todos los tramos. En el otro lado, se ubican Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, cuya presión fiscal es siempre inferior al promedio. El resto, Valencia, Asturias, Galicia, Cantabria, La Rioja y Galicia son comunidades que están a medio camino entre ambos extremos.

¿Y dónde resulta más caro recibir una herencia?

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas, ha publicado hoy su informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral, en el que recogen las novedades tributarias para 2017. En el IRPF, sólo la comunidad autónoma ha aprobado cambios de calado. En el impuesto sobre el patrimonio, destaca Extremadura, que ha reducido de 700.000 euros a 500.000 euros el mínimo exento. Esto equivale a un incremento fiscal. Otras comunidades, como Cataluña, también mantienen el mínimo exento en 500.000 euros.

En el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, las novedades de 2017 reflejan que Andalucía y Asturias han aumentado la reducción por parentesco; Castilla-La Mancha ha incrementado la tributación entre familiares cercanos y Extremadura ha elevado la cuota a pagar para las donaciones. La Comunidad Valenciana ha optado por incrementar la factura fiscal para sucesores y donatarios.

Para ilustrar las diferencias entre comunidades, el REAF pone el ejemplo de un contribuyente que hereda de su padre un patrimonio de 800.000 euros y, de éstos, 200.000 corresponden a la vivienda habitual del fallecido. Ante este supuesto, un andaluz pagará 164.049 euros por el impuesto sobre sucesiones, la mayor factura fiscal de España. Le sigue Extremadura (158.796 euros) y Aragón (155.393 euros). En el lado opuesto, destaca Canarias, donde a una herencia de 800.000 euros le corresponde el pago de 134 euros. Cantabria y Madrid, donde la factura fiscal bajo este supuesto se mueve en torno a los 1.500 euros también figuran como regiones donde resulta barato en términos fiscales heredar.

A pesar de que la casuística es variada, el REAF apunta que se pueden observar ciertas tendencias en el impuesto sobre sucesiones. Así, para los sucesores del grupo I (descendientes y adoptados menores de 21 años), los expertos señalan que se pagan importes simbólicos en Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y territorios forales. En el resto de comunidades, tampoco se paga prácticamente el impuesto si no se superan ciertos límites. Por ejemplo, en Andalucía se establece una bonificación total para herencias que no superen los 250.000 euros.
Las diferencias también son notables en el impuesto sobre el patrimonio, un tributo que grava la riqueza neta de los contribuyentes y que, con carácter general, se aplica a partir de 700.000 euros. La Comunidad de Madrid es la única que ha optado por bonificar totalmente el impuesto. Un patrimonio de cuatro millones de euros debe pagar casi 60.000 euros en Extremadura y nada en Madrid. El REAF señala que las diferencias en el impuesto sobre el patrimonio son notables y pueden incentivar cambios de domicilio por motivos fiscales. Además, el impuesto de patrimonio se paga en función de la residencia del contribuyente, con independencia del lugar donde se ubique su patrimonio. En el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la legislación incluye medidas para evitar cambios de domicilio por motivos puramente fiscales. Algunos políticos, como el líder del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, han llegado a asegurar que, cada año, 40.000 andaluces se trasladan a vivir a Madrid para no pagar el impuesto de sucesiones. Se trata de una cifra desorbitada y que no responde a la realidad. Los últimos datos del INE reflejan que, en 2015, 12.588 andaluces se trasladaron a Madrid y 8.103 siguieron el camino inverso.
La reforma de la financiación autonómica que ya se ha iniciado abordará la reforma de los tributos patrimoniales. Andalucía o Valencia han denunciado a Madrid por ejercer una suerte de dumping fiscal por su baja fiscalidad. El Gobierno ve con buenos ojos armonizar el impuesto sobre sucesiones y fijar una escala de tipos mínimos y máximos. Ello permitiría reducir las diferencias y mantener al mismo tiempo cierta autonomía. El REAF también ve con buenos ojos avanzar hacía una mayor armonización. En este sentido, reclama que se ponga orden en el batiburrillo de legislación medioambiental autonómica.


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