Acuerdo a la vista para subir las bases y pensiones máximas
El Gobierno asegura que en la próxima reforma los principales esfuerzos deberán venir de los propios cotizantes
En la próxima reforma de pensiones que está preparando el Gobierno, uno de los principales esfuerzos “deberá venir de los propios cotizantes, sobre todo de aquellos con mayores ingresos”.
Así lo ha confirmado este martes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, durante su intervención en la jornada El sistema público de pensiones: aportaciones a un debate –organizada por CincoDías en colaboración con Liberbank y Mutua Madrileña–.
Burgos ha considerado que, con la vista puesta en la próxima reforma, “no hay que dejarse llevar por el determinismo demográfico que nos haga tomar decisiones ultradefensivas”, ha dicho. En lugar de eso, “hay que atender a la demografía pero, sobre todo, a la democracia y lo que quiere la gente es más Seguridad Social, no menos”.
Ante esto, Burgos ha precisado que “los ingresos no van a caer del cielo” y por “hay que ver si podemos determinar entre todos y con consenso el origen de dichos ingresos”.
El Gobierno piensa, por tanto, recaudar más de los que tengan rentas salariales más altas y, por tanto, cotizan más a la Seguridad Social. Esta apuesta, según ha avanzado Burgos, podría contar ya con acuerdo de varios de los negociadores.
Las bases máximas del sistema ya han crecido un 3% en 2017, pero “aún tiene más recorrido”, ha insistido Burgos. Es más, ha explicado que actualmente la correlación entre contributividad y solidaridad en la pensión máxima es de un 80/20. Esto quiere decir que con el 80% de lo aportado por los cotizantes de bases máximas se costea su pensión y el 20% restante se destina a pagar las prestaciones de otros de forma solidaria. “Y hemos llegado al punto más bajo de esa correlación.
"A partir de aquí cualquier incremento de la base máxima tendrá que venir acompañado de un incremento también de la pensión máxima”, ha asegurado el secretario de Estado de la Seguridad Social. “Ahí hay ya recorrido suficiente para llegar a acuerdos”, ha añadido.
Consecuentemente, esto se traducirá en previsibles nuevos incrementos de las bases máximas de cotización y los proporcionales aumentos de las pensiones máximas.
Cara a cara entre responsables de la Seguridad Social
Además, los asistentes a esta jornada han presenciado hoy el primer cara a cara que se produce de los dos últimos secretarios de Estado de la Seguridad Social, defendiendo cada uno de ellos sus reformas y su visión de futuro para el sistema de pensiones.
Así, Octavio Granado, el que fuera máximo responsable de la Seguridad Social con los dos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido muy crítico con los efectos de la reforma laboral de 2012 sobre los ingresos de la Seguridad Social.
“La actual situación financiera del sistema –con un déficit que llegó en 2016 a los 18.000 millones de euros– es heredera de la crisis de 2008. Pero se complicó notablemente por la clarísima devaluación competitiva que se produjo por la devaluación salarial que permitió la reforma laboral”, ha dicho hoy Granado.
A esto ha unido “los miles de millones” de bonificaciones al empleo que no son reembolsados por el Estado y los “enormes” gastos que produce al sistema la jubilación anticipada. Desde 2008, “ha habido una tormenta perfecta que ha multiplicado por doce el déficit de la Seguridad Social hasta situarlo en el actual 0,18% del PIB”.
Ha dibujado además un futuro en el que “con toda seguridad subirán los tipo de interés en algún momento, y subirá la inflación y quizás la economía no crezca”. En este escenario, ha recordado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cifró en un 7% el recorte del poder adquisitivo de las pensiones entre 2013 y 2022. Y a esto ha añadido la disminución de un 5% o 6% de las nuevas pensiones a partir de enero de 2019 por efecto del factor de sostenibilidad.
Según esta descripción de la situación de la Seguridad Social, el exdirigente socialista ha rechazado tajantemente algunas propuestas del actual Gobierno, como la posibilidad de compatibilizar un empleo remunerado a la vez que se cobra el 100% de la pensión (actualmente solo se puede cobrar el 50% en esta situación). “No hay que compatibilizar trabajo y pensión; eso es una barbaridad”. Y ha considerado que el Ejecutivo debería ser “más prudente” a la hora de permitir la jubilación anticipada de algunos colectivos, en clara referencia a los policías municipales, que negocian su retiro temprano.
Las respuestas del actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, no se hicieron esperar. Justificó la compatibilización de un trabajo con la pensión, “porque los mayores y los jóvenes no compiten por los mismos puestos de trabajo”. Recordó a Granado que el Gobierno socialista reguló la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca y defendió que el Estado costee ahora políticas activas de empleo que durante la crisis abonó la Seguridad Social.
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