El Gobierno baraja emitir deuda antes de vaciar la hucha de las pensiones

Los criterios financieros indican que es más ventajosa la emisión de deuda ya en 2017 No obstante, Moncloa tendrá la última palabra, tras escuchar a los ministerios de Empleo, de Economía y de Hacienda

Carlos Cortinas

El Gobierno no pueden tardar mucho en tomar una decisión:cómo financiar las pagas extra de julio y diciembre de 8,5 millones de pensionistas, ante la falta de liquidez que se produce desde hace cinco años en estos dos meses en los que se duplica la nómina de las pensiones. Y, sobre todo, ante el próximo agotamiento del denominado fondo de reserva, que podría producirse este mismo año y que está sirviendo hasta ahora para tapar los números rojos del sistema.

En este escenario el Ejecutivo deberá decidir entre agotar dicho fondo o empezar a emitir deuda pública para sufragar el déficit del sistema de pensiones. “Es una decisión totalmente política”, que afectaría al Ministerio de Empleo, al de Hacienda y al de Economía, pero que aún no se ha tomado, según las fuentes consultadas.

La merma de ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social generada por la destrucción de 3,8 millones de empleos, junto al aumento del gasto en pensiones han propiciado un creciente déficit del sistema, que se ha comido casi todo el fondo. De hecho, tras las últimas disposiciones para pagar la extra de la pasada Navidad, en el fondo –que llegó a acumular casi 67.000 millones de euros en 2011– ya solo quedan 15.020 millones.

En el mejor de los casos, la mejora de los ingresos y la creación de empleo permitirían abonar las dos próximas pagas con esta cantidad que queda en el fondo. Pero también es posible que ya hiciera falta en 2017 más dinero. Ante este escenario, existe consenso con los sindicatos y los empresarios para que la medida más favorable es una solución mixta:sacar del fondo lo mínimo que permite la ley, sin agotarlo, y costear el resto del déficit con deuda.

El Gobierno no puede disponer este año de todo el dinero que necesite del fondo para costear todo el déficit que se genere en el sistema. Esto ocurre porque en 2017 vuelve a operar un límite legal, que solo permite sacar de esta hucha el equivalente al 3% del gasto en pensiones de cada año (3.400 millones).

La opinión del experto

Rafael Doménech, economista jefe de Economías desarrolladas del BBVA Research, considera que el criterio del Gobierno para escoger si agotar o no el fondo de reserva de las pensiones o empezar antes a emitir deuda para financiar el déficit del sistema, “debería ser estrictamente financiero”. En su opinión la decisión del Ejetuvio debería basarse “en un análisis coste beneficio” y quedarse con lo que más barato resulte para las arcas públicas. Más allá de eso, Doménech opina que el hecho de emitir deuda no “dañará la reputación de España en los mercados, porque el déficit no varía, y lo único que se discute es cómo financiarlo”.

No obstante, eliminar dicho tope del 3% para poder agotar el fondo de reserva este año, tendría algunos peros, según las fuentes consultadas. Para empezar, se requeriría una norma con rango de ley y, si aún hiciera falta más dinero de lo que queda en el fondo, en paralelo, habría que buscar financiación emitiendo deuda en cualquier caso y regularla, con lo que harían falta dos leyes. El poco tiempo del que se dispone y la necesidad de tener que contar con el respaldo parlamentario para ello, ya suponen sendas dificultades.

Pero además, para disponer de todo lo que queda en el fondo, la venta de activos hay que preveerla con antelación para evitar distorsiones del mercado –explican estas mismas fuentes– y el tiempo apremia porque los primeros pagos deberán acometerse en julio.

Es más, tal y como ya ocurre, una vez se tenga la liquidez y hasta que se efectúen los pagos hay que reinvertir esos flujos o dejarlos en el Banco de España y esto último tendría un coste del 0,40% por la tasa de la facilidad de depósito.

Aunque los argumentos de más peso para no agotar el fondo y empezar a emitir deuda son los de carácter estrictamente financiero:porque es más barato. Por un lado vaciar la hucha supondría perder las rentabilidades imputadas en el presupuesto de ingresos de 2017 (151 millones)y de 2018 (otros 151 millones).

Es más, el último dato oficial a 31 de diciembre de 2015 dibuja una rentabilidad de la cartera del fondo del 3,56% frente al 1,6% que cuesta emitir deuda a diez años, lo que evidencia lo ventajoso de recurrir a dichas emisiones de deuda barata. “Si se opta por agotar el fondo, se perdería la oportunidad de aprovechar ahora tipos más ventajosos en las emisiones de los que habrá más adelante”, añaden fuentes de la Administración.

Con estos argumentos, todo apunta a una opción mixta en la que se usaría una parte del fondo y el resto se pagaría con emisiones de deuda, incluso desde julio. Si bien, además del ministerio de Empleo, los ministerios de Hacienda y de Economía también tienen que formar parte de esta decisión, y en ella pesará el aumento de deuda sobre el PIB que supondría esta operación. Pero será Moncloa quien tenga la última palabra.

Urgen las recomendaciones del Pacto de Toledo

A los responsables del Ministerio de Empleo les gustaría que la decisión que finalmente se adopte para costear las pagas extra de los pensionistas este año fuera con el consenso de los grupos parlamentarios y los agentes sociales.

El propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, aseguró recientemente que lo mejor sería que la estrategia para abordar la inmediata falta de liquidez se incluyera en un acuerdo más amplio, dentro de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que recogiera también las vías de acuerdo para lograr más ingresos para el sistema de Seguridad Social. Sin embargo, pese a que los diputados del Pacto de Toledo debería tener sus recomendaciones listas en el mes de mayo, la realidad es que sus trabajos están retrasados, según fuentes conocedoras de la situación. Por ello, todo apunta a que el Gobierno no podrá aspirar a verse respaldado por el Pacto de Toledo para emitir ya la deuda para costear las pensiones.

Pero esto no eximirá al Ejecutivo de tener que tomar una decisión, sobre todo, porque existen la Constitución obliga a pagar puntualmente las pensiones. En concreto, el artículo 41 de la Carta Magna indica que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”;y el artículo 50 que apunta que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante su tercera edad”.

Aunque, el Ejecutivo deberá sopesar el momento político de enviar al exterior, en particular a Bruselas, el mensaje de que se empieza a emitir deuda para costear pagas extra de los pensionistas.