Tribuna

Más allá de las radiales

El escenario más probable conllevaría que los proyectos volvieran a salir a concurso o pasaran a manos públicas

Cuando hablamos en España de autopistas concesionarias o infraestructuras de transporte en general, se nos viene a la cabeza la imagen de las autopistas radiales infrautilizadas y sus consecuencias, pero existen otros ejemplos que han resultado ser todo un acierto para el desarrollo de nuestro país. Autopistas como la AP-7, que une Tarragona con Alicante; la AP-1, entre Burgos y Álava, o la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, son magníficos ejemplos de una buena planificación y gestión en la construcción y explotación de vías de transporte. Precisamente, estos tres contratos concesionales vencerán durante la presente legislatura, entre los ejercicios 2018 y 2019, por lo que el nuevo Gobierno recientemente formado con el ministro Íñigo de la Serna a la cabeza de la cartera de Fomento deberá tomar una decisión sobre cómo gestionar estos recursos.

La decisión que se tome puede venir determinada por alguna de las opciones que se enumeran a continuación: por un lado, se encuentra la opción de liberalizar estas autovías para la utilización gratuita de las mismas por parte de los usuarios. Esto supondría un alivio para el bolsillo de la ciudadanía, si bien parece que la situación de las arcas públicas no recomienda prescindir de los fondos que estas infraestructuras podrían reportar.

Por otro lado, existen otras dos opciones que permitirían al Estado obtener una rentabilidad. La primera, propuesta por la patronal de las constructoras y de las concesionarias, Seopan, plantea prorrogar dichas concesiones manteniendo el pago por uso de la vía aunque a un precio menor mediante nuevas licitaciones. La segunda, por la que no se prorrogaría ninguna concesión de autovía a partir de su vencimiento, consistiría en que la operación y mantenimiento pasaría a formar parte de la cartera del Ministerio de Fomento. A día de hoy, ambas opciones están enfrentadas.

Si finalmente se decidiese esta última opción, podríamos estar ante la creación de una entidad estatal que controlase las autopistas que llegaran al fin de su periodo concesional. Esta idea de crear la nueva empresa Autopistas Nacionales tuvo su origen hace tres años, cuando la Sociedad Española de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) trató de replicar el modelo de la M-30 (en este caso sin peajes) para integrar en una misma unidad de gestión las concesionarias en situación de insolvencia. El razonamiento se basa en la necesidad de dotar a la nueva sociedad estatal de un conjunto de autopistas rentables que ayuden a equilibrar la situación con respecto a las vías que no son rentables a día de hoy.

"La actual normativa europea relativa a contratos públicos no pone fácil dichas ampliaciones de plazo"

Quizá usted recuerde que ya se recurrió a esta solución en el año 1984 con la creación de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que actualmente forma parte del grupo privado Itínere Infraestructuras. En la actualidad, la opción de prorrogar las concesiones existentes a priori no parece ser la más factible, ya que la actual normativa europea relativa a contratos públicos no pone fácil dichas ampliaciones de plazos, por lo que el escenario más probable conllevaría que los proyectos volvieran a salir a concurso o pasaran a manos públicas.

En cualquier caso, de lo que no queda duda es de que en el próximo lustro concluirán al menos seis contratos concesionales de infraestructuras de éxito, entre los que se encuentran los casos anteriormente mencionados, así como la AP-6, de Villalba-Adanero, y el túnel de Sóller (Mallorca), por lo que próximamente se tendrá que redefinir el modelo de peajes en las infraestructuras de transporte terrestre españolas.

Es una prioridad estratégica, tanto a nivel logístico como económico, que las próximas decisiones que se tomen desde el Ejecutivo en torno a este tema vayan en la dirección correcta, ya que resulta indispensable para el desarrollo y la ágil adaptación a los ciclos económicos.

En manos del Gobierno quedará el decidir qué hacer y cómo gestionar estos recursos. En vista de la situación actual en el plano de infraestructuras nacionales, es muy arriesgado atreverse a predecir qué puede ocurrir con el actual sistema concesionario de autopistas. No obstante, se debe llegar cuanto antes a una posición clara para que el sector pueda diseñar sus estrategias a medio y largo plazo. Sin duda, es una ocasión única para reforzar la marca España como líderes en el sector de las infraestructuras en los mercados internacionales.

Fernando González Cuervo es socio de los sectores inmobiliario, infraestructuras y construcción en EY. Antonio Cívico Blanco es sénior de auditoría en EY.

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