Financiación y fiscalidad autonómica
El nuevo mecanismo debe partir de la experiencia de los últimos años para corregir las anomalías más llamativas
La Conferencia de Presidentes ha tenido la virtud de recuperar el diálogo entre las comunidades autónomas, prácticamente desterrado desde que la llegada de la crisis convirtió su relación con el Gobierno central en un acto de obligada sumisión financiera. Y si cumple en plazo sus buenos propósitos, diez años después del último acuerdo de financiación autonómica habrá una renovación íntegral del mismo, aunque nadie debe considerar que corregirá todos los vicios acumulados en el decenio, entre otras cuestiones porque los recursos disponibles, como bien advirtió Rajoy a los presidentes regionales, son todavía ahora más limitados de lo que lo eran en el plácido 2007. Si todas las comunidades autónomas consideran que están infrafinanciadas, porque hasta las más ricas lo exponen así, deben ir aceptando que todas deben perder algo de lo que el sistema vigente les proporciona, porque hacer más con menos exige sacrificios adicionales.
El nuevo mecanismo debe partir de la experiencia de los últimos años para corregir las anomalías más llamativas. Pero debe seguir respetando que se trata de un mecanismo de financiación de un Estado autonómico en el que, aunque con las excepciones de País Vasco y Navarra, se ha producido una completa igualación competencial y cada comunidad dispone de un margen nada despreciable de discrecionalidad en los recursos y en la prestación de servicios, siempre dentro de un generoso catálogo común.
Cada región ha hecho el uso que ha considerado de la capacidad otorgada en la corresponsabilidad fiscal, y lo ha practicado tanto en los ingresos como en los gastos, aunque las más de las veces haya sido la ambición en diferenciarse en la prestación de competencias la que ha forzado a decisiones expansivas en los ingresos. Un mecanismo que cercenase tal capacidad y tratase de recentralizar competencias y capacidad tributaria sería censurado por las comunidades, y en su derecho estarían de defender que no se les convierta en Gobiernos de madera que sin potestades políticas solo obedecen los designios de Madrid. Carecería además de sentido dar marcha atrás en la capacidad de manejar ingresos y gastos cuando las reivindicaciones caminan en el sentido de la federalización.
El Estado quiere mantener la titularidad de los grandes impuestos, porque acontecimientos críticos como los de los últimos años demuestran que no puede estar desarmado en una crisis financiera y fiscal si quiere asegurar la solvencia de todas las Administraciones. Pero no pone en riesgo tal condición si da más poder de decisión en algunos impuestos o en una buena parte de ellos a las regiones y estas lo ejercen con eficiencia ante sus administrados y sus electores. La competencia fiscal estimula la actividad económica y el crecimiento y el empleo siguen siendo las prioridades para sostener el mecano autonómico.