Archivada la denuncia contra la CNMV por el caso Dracon
La Fiscalía ha archivado la investigación contra el supervisor del mercado realizada a instancias de la Eafi Dracon, que dejó un agujero de 12 millones
La Fiscalía ha archivado las investigaciones realizadas por la Policía sobre una presunta trama corrupta en el seno de la CNMV, según ha informado hoy el supervisor en una nota.
Las pesquisas realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, bajo el amparo del fiscal, arrancaron en el verano de 2015, si bien tenían el origen en 2012, cuando la CNMV retiró la autorización para operar e inició un expediente sancionador contra Dracon Partners, una firma de asesoramiento que según la CNMV (y según han corroborado varias instancias judiciales) incumplió las reglas más básicas para operar en los mercados de valores, dejando en la estacada a cinco centenares de clientes que perdieron unos 12 millones de euros. Aún están a la espera de juicio.
Pocos meses después de que la sanción de 1,87 millones a Dracon fuese firme en vía administrativa, algunos medios de comunicación informaron de que agentes de la UDEF habían interrogado a la entonces presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, y algunos empleados del supervisor por la posible existencia de una trama corrupta en su seno.
Todos los hechos que la CNMV exponía en el informe sobre Dracon Partners fueron corroborados por varias sentencias de la Audiencia Nacional, que decidió dar la razón a la CNMV. Sara Pérez Frutos interpuso sendos recursos conteciosos- administrativos ante este tribunal: uno contra la revocación de licencia, el 20 de diciembre de 2012, y otro contra las multas interpuestas por la CNMV en enero de 2015. Ambos recursos fueron desestimados.
La presunta trama se sustentaba en que diez años atrás la CNMV (con otra cúpula directiva) había retirado la licencia a otra firma de inversión. En este caso, de la sociedad gestora de carteras Vetusta Wealth Managers en 2005, a la que en 2007 suspendió su actividad por no cumplir los requisitos necesarios para sus operaciones.
"El archivo, que se produce tras diversas resoluciones judiciales favorables a las citadas actuaciones, ha tenido lugar tras un largo periodo de investigación que, como la CNMV esperaba, ha puesto de manifiesto la absoluta falta de fundamento de las denuncias presentadas ante la UDEF", ha explicado el supervisor en nota de prensa. La CNMV ha expresado también la necesidad de que la labor del supervisor del mercado se realice sin riesgo de que "rigor e independencia puedan verse afectados por el temor a denuncias infundadas".
La investigación policial ha sido, de hecho, heterodoxa en extremo. Se basa en una denuncia presentada en 2012 por Sara Pérez Frutos, administradora de Dracon, pero no era contra la CNMV, sino contra Lex Consulting. Además, la trama corrupta se sustenta en otro expediente, iniciado en 2005, contra la firma de valores Vetusta Wealth Managers. El responsable de Vetusta presentó una querella contra dos directivos de la CNMV que no fue admitida a trámite. Uno de los dos directivos, Antonio Carrascosa, ya no estaba en la CNMV en 2012.
Asimismo, las deficiencias en las que se basó la CNMV para revocar la licencia de Dracon fueron corroboradas por dos sentencias judiciales, una de 2015 y otra, de la Audiencia Nacional, de 2016. Dracon no informó a la CNMV de la existencia de un call center a tracés del cual la firma asesoró en la inversión en productos complejos a centenares de clientes minoristas. Dracon, a su vez, argumentó un engaño por sus propios trabajadores y denunció ante la policía el robo de equipos informáticos.
Un tiempo después de que la CNMV expulsara a Dracon de la lista de eafi un entramado de empresas relacionado con Dracon. La función era simular una situación de insolvencia por parte de Dracon Partners para amañar el concurso de acreedores tutelado por el juez Sánchez Magro y fingir la independencia respecto a la eafi de la sociedad Cofensor. La empresa, denominada Comisionado para la defensa del inversor (Cofensor), inició sus operaciones el 21 de noviembre del 2012, cuando los afectados por Dracon Partners se empezaron a dar cuenta del engaño al que fueron sometidos y estudiaban emprender acciones legales.
