El macrojuicio a 136 controladores amenaza con atascar los cielos
El cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010 enfrenta a USCA y 15.000 viajeros El caso lleva meses sin éxito en la fase de conciliación, a un paso del juicio oral
El Gobierno tiene entre las manos una patata caliente procedente del último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero: el proceso judicial contra 136 controladores del centro de control aéreo de Madrid y la torre de Barajas. En ambos puntos neurálgicos trabajan algo más de 400 profesionales y la batalla judicial se desencadenó por la situación de bajas masivas que en el puente de diciembre de 2010 colapsaron los cielos. Esa crisis desembocó en el cierre del espacio aéreo durante casi 24 horas y causó el primer estado de alarma en la historia de la democracia. José Blanco era ministro de Fomento y puso a los controladores bajo el mando de las autoridades militares: si no acudían a sus puestos incurrían en un delito de desobediencia, castigado con penas de prisión.
Finalizada la instrucción y con la fase de conciliación abierta ante el fiscal, cuyo éxito se antoja complicado, distintas fuentes ven el proceso abocado a la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial de Madrid. Se trataría de un macrojuicio con 15.000 reclamantes, principalmente viajeros que vieron cancelados sus vuelos, y 136 encausados que faltarían a sus puestos.
Crisis en el puente de la Constitución de 2010
- 600.000 personas se quedaron en tierra en el puente de diciembre de 2010 por el caos aeroportuario. Los controladores se incorporaron a sus centros tras ser movilizados por un decreto de estado de alarma.
- El conflicto se desencadenó después de que el Gobierno aprobara las 1.670 horas de control anual efectivo (excluidos permisos y bajas) para el personal de Aena.
- El proceso ha conocido ya nueve jueces y ha pasado por distintos juzgados. Incluso se llegó a crear uno especial, el 33 bis de Madrid, que cerró por falta de presupuesto.
“Controlar y al mismo tiempo defendernos en un juicio que puede durar meses se antoja más que complicado”, explica una fuente envuelta en el proceso. El hecho es que un tercio del personal de control que vigila Barajas y los aeropuertos de la cornisa cantábrica están a la espera de este nuevo paso. “Sería positivo para todos llegar a un acuerdo que evite un proceso de estas magnitudes”, añade un controlador.
Enaire, la empresa de Fomento de la que depende la gestión del tráfico aéreo, está al margen, pero puede resultar seriamente afectada. “Respetamos escrupulosamente el proceso y solo podemos expresar nuestro deseo de que la conciliación llegue a buen término, afirma un portavoz de la compañía pública. Las negociaciones se mantienen desde hace meses sin grandes frutos.
Si finalmente se llega al juicio oral, Enaire deberá sacar un plan de emergencia del cajón: “Por la naturaleza de nuestra actividad contamos con planes operativos para responder a cualquier eventualidad a corto, medio y largo plazo. Estamos preparados”, afirman desde la empresa. Menos confiados se muestran en el sindicato USCA, que representa a los profesionales en puertas de ser llamados al juzgado. La central, con miembros de la directiva encausados, reconoce que los refuerzos son efectivos en picos puntuales de demanda, pero un problema de meses en pleno año récord de operaciones “podría suponer el cierre de sectores y demoras en los vuelos”.
El trámite de conciliación discurre en tres frentes: laboral, económico y penal. La mayor parte de los 15.000 reclamantes han optado por la demanda colectiva de la mano de Cremades & Calvo-Sotelo, así como de la asociación de consumidores Facua. Enfrente se sienta el experto en defensa penal José Antonio Choclán, del bufete Choclán Montalvo, que trabaja para los controladores. Las indemnizaciones solicitadas dependen prácticamente de cada caso: “Están sujetas al precio del billete y daño moral denunciado”, explica una fuente jurídica, “y van desde los 500 a los 100.000 euros”.
De haber acuerdo, Enaire rechazará cualquier tipo de responsabilidad patrimonial, siendo el sindicato USCA el señalado para reparar los perjuicios sufridos por los demandantes. Los controladores, por su parte, eludirían sanciones penales graves.
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