Rajoy busca el apoyo del PSOE en la norma sobre las cláusulas suelo
El Gobierno defiende que los bancos y los clientes deben evitar la vía jurídica.
Al final el Consejo de Ministros no aprobó el código de buenas prácticas sobre la devolución de los intereses cobrados de más a los clientes en las hipotecas con cláusulas suelo. El bloqueo del PSOE a este proyecto producido el jueves tuvo su efecto, y el Gobierno ha decidido retrasar su aprobación hasta previsiblemente el 13 de enero para conseguir el apoyo socialista. De momento, ya tiene el de Ciudadanos y el de otros partidos. La idea del Gobierno pasa por poner en marcha un procedimiento extrajudicial en el que se van a regular “plazos y garantías”, con el objetivo de resolver con celeridad las reclamaciones, explican fuentes de Economía.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado que el Ejecutivo hará “todo lo que pueda” para que la devolución de los intereses cobrados de más por las cláusulas suelo no transparentes se resuelva mediante un acuerdo entre los bancos y los clientes, con el fin de evitar recurrir a los tribunales. En su última comparecencia del año para hacer balance de 2016, Rajoy ha recordado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre la retroactividad total de las cláusulas suelo se tiene que cumplir.
Para agilizar y evitar acudir a los tribunales el Gobierno tiene previsto que los clientes agoten todas las vías de reclamación en la entidad financiera, lo que, además, abarata el procedimiento y evitar que los abogados se conviertan en los protagonistas de estos procedimientos. Economía preve para ello, además, crear una comisión de seguimiento con representantes de ese ministerio, y de Justicia, para comprobar el cumplimiento de ese código por parte de los bancos. Hacienda también estará involucrado, puesto que esos créditos hipotecarios generaron deducciones en el IRPF, por lo que una parte de ese dinero podría volver a las arcas públicas.
Inicialmente Economía pretendía que el plazo para resolver estas reclamaciones fuera en unas dos semanas. También quería que este código fuese de adhesión voluntaria por parte de las entidades, y una vez que firmase su inclusión en él fuera de obligado cumplimiento. El PSOE, sin embargo, pretende que el código sea obligatorio.
El Gobierno petende también obligar a las entidades afectadas a crear unidades especiales que se encarguen de gestionar estas devoluciones. El objetivo es establecer un sistema “más rápido que el judicial y reducir los costes para el cliente”. Fuentes financieras han asegurado que la gran banca, con excepción de Santander que nunca comercializó cláusulas suelo en sus hipotecas, está dispuesta a firmar este código, entre otras razones porque el Gobierno ha realizado el procedimiento siguiendo las recomendaciones de las entidades financieras.
El PSOE, mientras, anunció el viernes que está dispuesto a presentar en el Congreso de los Diputados su propia proposición de ley para obligar a los bancos a devolver el dinero cobrado indebidamente por las cláusulas suelo en las hipotecas si el Gobierno no aprueba un decreto ley que, además de ser de obligado cumplimiento para las entidades, sea gratuito para los ciudadanos e impida que se les apliquen quitas.
Así lo desveló el portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, en una entrevista en Antena 3. A su modo de ver el código de buenas sin obligar a los bancos a acogerse a él, “es pensar que el lobo es un cordero”. Jiménez ha puesto en duda la disposición de los bancos a devolver ese dinero “de buena fe y voluntariamente”.
El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha criticado este viernes que el Gobierno haya tenido una posición “clara” a favor de las entidades en el asunto de la devolución de las cláusulas suelo, y ha afirmado que “no tiene pinta” de que el procedimiento para hacerla efectiva que ultima el Ejecutivo vaya a ser favorable para los consumidores.
El Banco de España estima en unos 4.000 millones de euros el impacto para las entidades financieras de la sentencia de la Justicia europea.