Así es cumplir condena en prisión y a la vez tener un empleo
El sindicato denuncia las condiciones “casi esclavistas” de los 3.500 internos que trabajan desde la cárcel
El Estatuto de los Trabajadores establece que el trabajo en prisión es una relación laboral de carácter especial y, por ello, se regula con una legislación propia. Un estudio elaborado por CC OO sobre la situación actual de Instituciones Penitenciarias recuerda que la finalidad esencial del trabajo desde la cárcel es la preparación del recluso para su futura inserción laboral, por cuya razón ha de estar además conectado con los programas de formación profesional ocupacional que se desarrollan en las cárceles.
Sin embargo, el análisis que ha realizado el sindicato de la situación que viven en la actualidad los 3.500 internos que trabajan para empresas de diferentes sectores productivos no siempre responde a esos principios.
Con la transformación jurídica del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en Entidad Estatal de Derecho Público (EETPFE), en febrero de 2015, CC OO denuncia que la Administración dio un paso más hacia la privatización del trabajo remunerado. “El objetivo parece claro, convertir los talleres productivos en empresas que generen beneficios”, asegura.
Así, esta entidad gestiona directamente los talleres de producción propia que tienen como especialidades principales la confección industrial, la carpintería metálica y las artes gráficas. Dentro de esos talleres, existen unos que son desarrollados por empresas y otros gestionados por empleados públicos penitenciarios, los conocidos como maestros taller. Dentro de estos últimos se incluyen, por ejemplo, los de confección industrial de los centros penitenciarios de Segovia, Topas, El Dueso o Soto del Real. En ellos, los internos se dedican a la fabricación de uniformes para funcionarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penintenciarias.
Bajos salarios
Desde CC OO explican que ese cambio jurídico de organismo autónomo a entidad estatal “viene a reforzar el carácter mercantilista que la Administración quiere dar al trabajo remunerado en prisiones y convertir a las mismas en un nicho de negocio para las diferentes empresas y la propia entidad estatal de derecho público”.
En contraposición a este modelo, el sindicato defiende un modelo de gestión directa por parte de trabajadores públicos de las prisiones donde el trabajo remunerado sea un elemento más del tratamiento y no se guíe por criterios economicistas.
El informe rechaza que la Administración Penitenciaria ponga a disposición de las empresas sus instalaciones, asuma gastos corrientes como la luz, el agua, aporte las empleadas y empleados públicos para el mantenimiento de las instalaciones, el control y seguridad de las mismas y, por ultimo, facilite “la mano de obra en condiciones casi esclavistas”. Esta es la realidad, denuncia CC OO, de las empresas en Instituciones Penitenciarias: “muy alejada de los fines constitucionales de reinserción y con un objetivo claro de obtener las máximas plusvalías en unas condiciones de producción más ventajosas”.
“Estamos ante un caso claro de dumping social de competencia desleal, inasumible dentro del marco jurídico actual, que ha supuesto una precarización de las condiciones de los trabajadores que compiten con las empresas instaladas en los centros penitenciarios”, asegura el estudio. De hecho, cita el caso de compañías que mientras contrataban a internos con costes laborales muy bajos, llevaban a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE) a sus trabajadores fuera de la prisión. Hoy esta posibilidad ha sido corregida y prohibida por ley.
En opinión de los expertos que han realizado este informe, sin duda el elemento más alarmante es el salario que reciben estos empleados privados de libertad. La Ley Orgánica General Penitenciaria establece que su remuneración debe ser conforme al rendimiento, categoría profesional y clase de actividad desempeñada y además ese salario debe cuidar de que las personas que lo cobren contribuyan con esos ingresos al sostenimiento de sus cargas familiares y al cumplimiento de sus restantes obligaciones. Pero, en realidad, las comprobaciones efectuadas corroboran que no se les aplica el salario establecido en el convenio colectivo de la actividad a la que pertenecen y tampoco se les remunera con cargo al salario mínimo interprofesional (SMI).
De esta manera, la entidad estatal es la que establece el sueldo de estos trabajadores. En 2015, la hora estaba entre los 2,59 euros del grupo I (economato y actividades auxiliares), entre 3,66 y 4,39 euros del grupo II, según fuese operario base o superior y entre los 3,77 y los 4,51 del grupo III.
CC OO denuncia, además, que se hace necesaria una regulación más estricta de los horarios y exige a las juntas de tratamiento de las cárceles que garanticen el acceso al trabajo remunerado a las mujeres en un número que recoja el porcentaje de féminas en el centro.
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