Fórmulas para el rescate de las autopistas de peaje
La reciente decisión del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de redoblar la apuesta del Gobierno para rescatar las ocho autopistas de peaje en quiebra ha disparado las conjeturas sobre las fórmulas que puede utilizar el Ejecutivo para poner solución final a un problema de enorme enjundia, que lleva enquistado largos años.
Sobre la mesa se encuentra el plan que el Gobierno ya planteó en marzo de 2014 y que no llegó a salir adelante por las discrepancias con los acreedores. Este plan pasa por una fuerte quita de la deuda acumulada por las concesionarias, y que asciende a los 3.400 millones de euros. Entonces el Gobierno planteó una quita del 50% del endeudamiento acumulado y titulizar el resto del pasivo en un bono a 30 años. Esta fórmula saltó por los aires debido al rechazo de los acreedores por lo que consideraban excesivo porcentaje de la quita. Del mismo modo, tampoco ayudó la diferente situación en que se encuentran las concesionarias, con tráficos todos ellos, de escasa cuantía.
Porcentajes de quita inferiores al 50% acercan el acuerdo
Lo que está claro es que los contratos firmados y sus cláusulas de responsabilidad patrimonial (RPA) conducen, según el ministro, a la reversión de las vías al Estado. Se impone, pues, una solución, pactada, a negociar sobre el plan inicial propuesto por la ex ministra Ana Pastor hace dos años. La reducción de la quita hasta porcentajes más asequibles a los bancos (del entorno del 20%) haría más fácil el acuerdo, según apuntan fuentes del sector, pero pondría en un brete a la administración central que debe cumplir con los objetivos de reducción de déficit y deuda pública, pactados con Bruselas.
El importe a abonar a las concesionarias de las vías por la inversión que realizaron alcanza los 5.000 millones de euros, según el sector, o lo que es lo mismo, medio punto de PIB, en términos de déficit público, algo inasumible en un único ejercicio, teniendo en cuenta el exigente calendario de recorte del déficit (deberá reducirse del 4,6%, previsto este ejercicio hasta el 3,1% en 2017).
La justicia salva el cierre pero alarga el proceso
Las ocho autopistas de peaje actualmente en liquidación o quebradas son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la M-12 Eje Aeropuerto.
Antes de julio de 2017 y por mandato judicial, Fomento tiene que asumir ya dos de ellas, las radiales madrileñas R-3 y R-5. El titular del juzgado número 6 de lo Mercantil de Madrid, Javier Vaquer, ha dado un balón de oxígeno a Fomento en la que iba a ser hace unos meses la inminente liquidación de la concesionaria Acceso de Madrid, operadora de la R-3 y la R-5. El juez ha otorgado la prórroga, salvando el cierre inmediato, a cambio de que Fomento asuma la explotación en un plazo que finaliza en julio. En todo caso, el juez se ha dado un tiempo para emitir el auto en que se fijará la nueva fecha de cese de la actividad y reversión al Estado.
De hecho, el ministro De la Serna, avisó ayer que, incluso, este cálculo del sector (5.000 millones) es exagerado. “Desconozco de donde viene esta cifra pero es sustancialmente mayor de lo que creo que puede ser la cifra final de Responsabilidad Patrimonial de la Administración”, dijo. De la Serna añadió que la determinación de la RPA es una cuestión “compleja” que depende, entre otros factores, del procedimiento judicial en el que están inmersas las vías, todas ellas en concurso de acreedores.
El ministro aseguró ayer que tampoco se puede hablar técnicamente de rescate ya que “no se trata de una decisión política” sino de atenerse a lo que figura en los contratos, “en cumplimiento de la ley”. Con ello, De la Serna quiere reducir la presión que se cierne sobre el Ejecutivo, que ha recibido en los últimos días fuertes críticas por parte de la oposición en el Congreso.
Dicho lo dicho, y con la cuantía a revertir por decidir, la fórmula de la quita es imprescindible para el Gobierno. Mantener porcentajes cercanos al 50% inicial daría margen para ampliar los plazos (años) para la titulización del resto del pasivo, incluso sus condiciones de pago. El Gobierno cuenta ahora con mayor margen de actuación, con los mercados financieros más proclives a absorber deuda pública que hace solo 4 años (bonos a 40 y 50 años).
En cuanto al aparataje jurídico, en el pasado se encuentra una buena experiencia. En los años 80 el Estado salió al rescate de seis autopistas a través de la creación de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Entonces, el Estado acudió también al rescate de un sector, con una grave crisis económica en ciernes, y con erróneas previsiones en cuanto a la evolución del tráfico. Ahora, 30 años más tarde, se repite la historia, con desvíos del tráfico, que llegan hasta el 50%. A ello se suman también los sobrecostes en las expropiaciones realizadas. El Gobierno cuenta con que la mejora de la economía anime los tráficos sobre los pésimos datos de hace solo dos años. Ycon ello, se reduzca la factura a pagar por cuenta del erario público.
