Editorial

Un ajuste que no castigue a las empresas

El Gobierno necesita apoyo parlamentario, pero debe valorar el precio

Juan Rosell, presidente de CEOE.
Juan Rosell, presidente de CEOE.

La aprobación prevista hoy en el Congreso de los Diputados del techo de gasto de los Presupuestos Generales para 2017, así como la convalidación de las últimas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno, constituyen dos ejemplos del clima de diálogo y negociación política con el que ha comenzado la legislatura. El Ejecutivo ha conseguido el apoyo del PSOE para respaldar el limite de gasto financiero y la nueva senda de consolidación fiscal, pero lo ha hecho a un precio contundente que incluye la elevación del salario mínimo interprofesional (SMI)un 8%. Esta medida, al igual que la reducción de incentivos en el impuesto sobre sociedades o el incremento de la tributación sobre el alcohol y el tabaco, ha provocado el rechazo frontal de los empresarios.

Ese malestar se puso de manifiesto ayer durante la celebración de la junta directiva de CEOE, en la que la patronal advirtió al Gobierno del daño que esas decisiones supondrán, en su opinión, para la inversión y para el empleo. Tanto el paquete de medidas fiscales como la abrupta subida del SMI –un 8%– y de las bases máximas de cotización –un 3%– son facturas que pagarán en buena parte las empresas. La elevación de esas bases máximas, por ejemplo, servirá para sanear el sistema de pensiones y ayudar a la consolidación fiscal pactada con Bruselas, pero recaerá sobre las espaldas de unas compañías que abonan el 30% del salario bruto de los trabajadores a la Seguridad Social. Los empresarios recordaban ayer no sin razón que la decisión del Ejecutivo de tocar impuestos, cotizaciones y salario mínimo supone optar por el camino “fácil” frente a la opción del recorte del gasto no productivo de la Administración.

No hay duda de que las obligaciones de consolidación fiscal asumidas por España hacen obligado un ajuste presupuestario que pasa por elevar los ingresos, pero que también debe llevar aparejada una reducción de los gastos. Si retocar el Impuesto sobre Sociedades constituye una medida coherente con ese objetivo, elevar un 8% el salario mínimo o subir las cotizaciones máximas el 3% supone cargar un peso considerable sobre el eslabón de la economía que no solo crea empleo, sino que lo hace con esfuerzo.

El Gobierno necesita apoyo parlamentario para sacar adelante las cuentas públicas de 2017, pero debe calibrar seriamente cuál es el precio a pagar por ese apoyo. Como también ha de recordar que España tiene pendiente completar el ciclo de reformas estructurales que han permitido flexibilizar la economía en los últimos años y que el cumplimiento de esa tarea, que resulta fundamental para la recuperación, no puede supeditarse solo a la búsqueda del consenso parlamentario. Abrir el diálogo político y trabajar por el acuerdo en Las Cortes constituye una buena forma de comenzar la legislatura, pero esta tiene que estar al servicio de la creación de riqueza y del empleo.

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