Peligra el complemento salarial prometido por PP y C's
Las medidas sociales pactadas están supeditas al déficit público
El pacto de investidura que el PP y Ciudadanos firmaron sigue vigente, sin embargo, Hacienda alerta de que el acuerdo está supeditado a un bien superior como es el cumplimiento del objetivo de déficit. Ello podría suponer que la propuesta de la formación naranja de fijar un complemento salarial quedara fuera de la agenda de 2017. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, afirmó que la intención es cumplir los compromisos, sin embargo, añadió que el margen para gasto discrecional es escaso.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aprovechó la toma de posesión de los altos cargos del ministerio celebrada ayer para reiterar el compromiso de España en la reducción del déficit público. Rodeado de su nuevo equipo, Montoro agradeció el “trabajo hecho” a los secretarios de Estados y directores generales salientes y dio la bienvenida a los nuevos, que ya llevan semanas en sus puestos. El ministro de Hacienda señaló que España cumplirá el compromiso de rebajar el déficit por debajo del 3% del PIB a partir de 2018.
Tras el acto, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, aseguró que la intención del Gobierno es “girar” y balancear las políticas de gasto público para respetar los compromisos adquiridos con partidos políticos como Ciudadanos. Sin embargo, también advirtió que la prioridad es cumplir el exigente objetivo de déficit público y señaló que el margen para alegrías presupuestarias es reducido.
España cerrará este año en torno al 4,6% del PIB y debe rebajar esta cifra al 3,1%, lo que supone un ajuste de 1,5 puntos de PIB, unos 17.000 millones. Además, la mayor parte de ese esfuerzo recaerá el próximo año sobre la Administración central. Nadal recordó también que la negociación del Presupuesto de 2017 tiene una línea roja que es el techo de gasto, que el Consejo de Ministros fijó en 118.394 millones, un 4% menos que el ejercicio en curso. Hacienda argumenta que esa reducción no es tal porque, en realidad, el techo de gasto para 2017 es igual a la liquidación de este año. En cualquier caso, no se trata de un presupuesto expansivo y el margen de maniobra será escaso.
Ello significa que parte de los pactos que el PP alcanzó con Ciudadanos podrían quedar fuera de las cuentas del próximo ejercicio. Entre ellas, destaca el complemento salarial garantizado, una idea promovida por el ideólogo económico de Ciudadanos, Luis Garicano, y que contempla que el Estado pague una subvención a los trabajadores con salarios bajos. El impacto de la medida sería de 1.300 millones el próximo año, cifra que aumentaría hasta los 2.100 en los ejercicios siguientes. Por otra parte, el hecho de que el Presupuesto de 2017 no se apruebe hasta la primera mitad del próximo año supone una dificultad añadida para poner en marcha este proyecto. El pacto entre Ciudadanos y el PP contemplaba medidas sociales por un importe de 5.000 millones de euros. Además del complemento salarial, se incluye un plan contra la pobreza infantil o la ampliación y equiparación de permisos de paternidad y maternidad.
El Gobierno pretende negociar el Presupuesto también con el PSOE, que cuenta con sus propias propuestas como la puesta en marcha de un “ingreso mínimo vital”. Nadal señaló que será en 2018, cuando el Gobierno central tendrá un mayor margen. En ese ejercicio, el déficit debe reducirse hasta el 2,2% del PIB, lo que supone un ajuste de nueve décimas si se cumple el objetivo de estabilidad. Así, es posible que el Ejecutivo opte por aplazar a ese ejercicio las medidas más ambiciosas por el lado del gasto público.
En el ámbito de los ingresos, el Ejecutivo ya ha aprobado las medidas más relevantes como la reducción de beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades y la subida del impuesto sobre el tabaco y el alcohol. Queda por definir el nuevo impuesto sobre las bebidas con elevado contenido en azúcar y la revisión de la fiscalidad medioambiental. El impacto recaudatorio alcanzará los 7.500 millones, incluyendo nuevas medidas para luchar contra el fraude.
Además de Nadal, en el acto de ayer tomaron posesión del cargo el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, la presidenta de SEPI, Pilar Platero, y la interventora general de la Administración del Estado, María Luisa Lamela.
Negociación presupuestaria para subir los salarios públicos
Alberto Nadal no aclaró ayer si el Gobierno aprobará un aumento para el próximo año del sueldo de los funcionarios. El secretario de Estado de Presupuestos sí señaló que, sea cual sea la decisión que se adopte, ésa se incluirá en los Presupuestos de 2017 que se aprobarán en la primera mitad del próximo ejercicio. Así, el 1 de enero de 2017 entrará en vigor la prórroga automática del Presupuesto anterior, aunque no incluirá el incremento salarial del 1% que aprobó el Gobierno para el ejercicio en curso.
Nadal señaló que, si las cuentas del próximo año incorporan una subida de las nóminas públicas, se llevará a cabo un prorrateo para que la medida tenga efectos desde enero. El gasto de personal es una de las partidas más relevantes. La Administración destina casi 119.000 millones a pagar los salarios públicos, el 25% del total.
