La consolidación fiscal en España no se acaba con el déficit
Municipios y regiones reclaman flexibilizar la regla de gasto para aquellos más saneados
El déficit de España debe bajar al 4,6% del PIB este año y al 3,1% en 2017. Dos terceras partes del ajuste fiscal previsto para el próximo ejercicio, en torno a 10.000 millones de euros, se fían a la buena evolución del ciclo económico y el resto a las subidas impositivas aprobadas para el año que viene. Si este esquema se cumple, la economía española saldrá del procedimiento de déficit excesivo en 2018 y dejará de estar sometida a los designios de Bruselas.
Tan solo de forma parcial. A la reconducción del déficit le seguirán la de la deuda pública (España roza el 100% del PIB) y el control del gasto público a través de la regla de se aplica en la UE. Los tres pilares de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012 son el control del déficit, de la deuda pública y del gasto público. Hasta ahora, toda la atención se ha centrado en el primer eje, como consecuencia del abultado déficit que heredó Mariano Rajoy (un 9% del PIB) en plena recesión económica. La estricta dieta de menos gasto y más impuestos de la última legislatura llevó al déficit al 5,1% en 2015, lo reducirá al 4,6% este año, al 3,1% en 2017 y al 2,2% en 2017.
Si se cumple esta senda, España saldrá del procedimiento de déficit excesivo y se quitará el yugo de Bruselas respecto al desfase entre ingresos y gastos para ponerse el relativo a la deuda. De este modo, España tendría que rebajar su pasivo público a un ritmo del 5% anual, lo que supone unos dos puntos porcentuales. Este procedimiento sí tiene en cuenta el ciclo económico, no como sucede con el déficit, por lo que el ritmo de rebaja podría ser más lento si se pasa de crecimiento a estancamiento o recesión. No obstante, si se incumple la senda de reducción de la deuda, el futuro Ejecutivo podría enfrentarse a sanciones de hasta el 0,2% del PIB, como sucede con el déficit.
A la espera de que todo esto ocurra, el debate se va a centrar en la regla de gasto y en su aplicación. Esta establece que el gasto no financiero de las administraciones públicas no debe ir más allá del crecimiento de la economía española a medio plazo. En 2015 esa tasa se fijó en una variación del 1,3%. Solo tres autonomías (País Vasco, Galicia y Canarias) la cumplieron; el resto excedió ese límite, con Baleares, a la cabeza, con un gasto no financiero superior al 10%. Esas mismas autonomías fueron las tres únicas que lograron llevar el déficit por debajo del 0,7% marcado por Bruselas. La situación este año será similar. El último informe de la Airef establece como probable que cinco regiones (Canarias, Navarra, La Rioja, Galicia y Baleares) llegarán al objetivo de déficit, pero la gran mayoría (incluida alguna de las que cumplen con el déficit) no lo harán con la regla de gasto. Algo que se repite en la Administración Central y en los ayuntamientos.
¿Por qué no se cumple? La primera razón esgrimida es que el cumplimiento del déficit ya establece una senda de consolidación fiscal muy exigente, en el que los gastos tienen que controlarse al extremo y los ingresos deben subir a través de incrementos impositivos. La segunda razón es que Hacienda no puede exigir que se cumpla la regla de gasto cuando la propia Administración Central no la ha cumplido nunca. La tercera es que este límite al gasto se aplica por igual a todas las administraciones, sin tener en cuenta la situación de la que parte. Esto ha provocado situaciones distorsionadoras, como que una autonomía que cumplió el objetivo de déficit (País Vasco) tuviera que presentar un plan de ajuste por no cumplir la regla de gasto o que un gran consistorio (Madrid) tuviera que hacer lo mismo pese a tener un superávit superior a 1.000 millones.
Hacienda ha creado un grupo de trabajo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para mejorar la aplicación de la regla de gasto. El Ministerio persigue un acuerdo para que las administraciones cumplan lo marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y no minusvaloren la regla de gasto. Municipios y autonomías quieren tener más margen para gastar, siempre y cuando cumplan con el rigor fiscal que les exige Hacienda. El calendario, sin embargo, juega en su contra: la Comisión arrancará en enero y es probable que no finalice sus trabajos a finales de 2017. Ese año imperará el límite del 2,1% impuesto por Hacienda, muy por debajo de las pretensiones de las administraciones saneadas.
