Perfil

Sebastián Albella y Ana María Martínez-Pina: dos juristas en la CNMV

El nuevo presidente y la vicepresidenta del organismo regulador aúnan experiencia en mercado de valores, contabilidad y auditoría

Sebastián Albella y Ana María Martínez-Pina, el presidente y la vicepresidenta de la CNMV.
Sebastián Albella y Ana María Martínez-Pina, el presidente y la vicepresidenta de la CNMV.

Contribuir al aumento del atractivo de España como alternativa a la City londinense, proteger los intereses de los inversores y velar por la transparencia del mercado, así como mejorar su eficiencia. Estos son los principales objetivos que el nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella (Castellón, 1958), se ha marcado para el mandato que comenzó la semana pasada y que realizará de la mano de Ana María Martínez-Pina (Barcelona, 1971), como nueva vicepresidenta. Pero estos no serán sus únicos retos. El organismo deberá empezar aplicar la segunda edición de la directiva europea para que los mercados funcionen mejor (Mifid 2) –lo que supone la elaboración de más de 130 normas técnicas para que entre en vigor en enero de 2018– y asumir, al menos parcialmente, la supervisión de las auditoras.

Para todo ello, Albella y Martínez-Pina contarán con todo el “apoyo” del ministro de Economía, Luis de Guindos, pero tendrán enfrente a los partidos de la oposición y a las Big Four. Los primeros son reticentes sobre todo a la etapa en la empresa privada del nuevo presidente, mientras que las grandes firmas de auditoría chocaron recientemente con la segunda de a bordo tras la entrada en vigor de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Pese a las posibles críticas, la experiencia de Albella y Martínez-Pina, ambos licenciados en Derecho, para estos cargos es innegable. De hecho, el que ya es el nuevo presidente del organismo regulador fue uno de los padres e ideólogos de la actual CNMV. Tras licenciarse en la Universidad de Navarra, pasó a formar parte, en 1984, del Cuerpo de Abogados del Estado. Entre 1986 y 1988, ejerció como director de la asesoría jurídica de la dirección general del Tesoro y política financiera y subdirector general de política financiera hasta convertirse en el primer secretario del consejo y director de los servicios jurídicos de la CNMV, donde permaneció hasta 1991. Fue en esos años cuando lideró la redacción de la Ley del Mercado de Valores de 1988, que entró en vigor un año más tarde. Además, ha formado parte del comité consultivo de la CNMV en dos ocasiones: de 1998 a 2000 y de 2004 a 2008

Durante su carrera, Albella ha sido también asesor jurídico de la Asociación Española de Banca, miembro del comité jurídico de la Federación Bancaria Europea y del comité de expertos en mercados de valores de la Comisión Europea (ESME). Por último, este castellonense, que reconoció en su toma de posesión el apoyo brindado su mujer durante toda su carrera, contribuyó a fundar el despacho Ramón y Cajal Abogados y su papel fue “decisivo” para la consolidación de la firma, según afirman quienes trabajaron con él, que le recuerdan como un “magnífico profesional, muy minucioso y perfeccionista”.

En la actualidad era socio senior en España de Linklaters, bufete del que se convirtió el año pasado en el primer español en incorporarse a su consejo mundial. Es debido a esta última etapa en despachos de abogados por la que los socialistas no apoyaron su nombramiento al frente de la CNMV. Consideran que podría existir un “conflicto de intereses” con las cuestiones que tendrá que abordar y deberá abstenerse ante operaciones vinculadas a cotizadas españolas o internacionales. Pese a ello, para Albella regresar a la administración y en concreto a la CNMV es un honor y una “aspiración platónica hecha realidad”. “Siempre he conservado viva la llama de la vocación por el servicio público”, afirmó.

El rechazo que genera entre algunos la elección de Martínez-Pina no se debe a su pasado en el sector privado, pues su trayectoria se engloba en la administración, sino al posible carácter político de su nombramiento. Tras ingresar en 2001 en el cuerpo superior de inspectores del Estado, esta barcelonesa, amante del deporte como píldora para desconectar, comenzó su trayectoria profesional en la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones. En 2003, se produjo su entrada al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Allí desempeñó inicialmente los cargos de subdirectora general adjunta de Normalización Técnica y Contable y el de secretaria del Comité Consultivo de Contabilidad hasta que en 2012 tuvo lugar su ascenso profesional, al ser nombrada por el propio Guindos presidenta del ICAC. Desde entonces ha tenido que lidiar con asuntos complejos que, sin embargo, asegura disfrutar. Entre ellos, la Ley de Auditoria de Cuentas, que inició su enfrentamiento con las Big Four.

No obstante estas firmas no son reticentes a su figura, sino a la dependencia del ICAC del ministerio. Sin embargo, este organismo podría tener los días contados tras la exigencia presentada por Ciudadanos al PP de crear una Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor Financiero, dependiente de la CNMV, que se encargaría de sus funciones. Por ello, algunos ven este movimiento del ministro como una forma de seguir teniendo el control.

El futuro de la estructura del organismo regulador es incierto a día de hoy y quizá estos dos expertos tengan que lidiar retos mayores que lograr una City a la española.

Normas