Fin a los grandes contratos para empezar a licitar obras en lotes

Belén Trincado

La contratación pública va a dar un vuelco en España con la transposición de tres directivas de febrero de 2014, lo que ha dado pie a dos proyectos de Ley y a una tramitación parlamentaria urgente. El sector privado busca meter la cabeza para suprimir lo que considera rigideces en el sistema.

Lo más llamativo es que se vaya a incentivar la división de los contratos en lotes, algo que hasta ahora había que justificar como excepcional. Quedará aparcada, o tendrá que motivarse, la práctica actual de licitar proyectos en contratos de fuerte cuantía. “La norma busca mayor competencia y que el trabajo esté mejor repartido, pero no todo proyecto es fácilmente divisible, incluso se pueden crear problemas que ahora no se daban”, explica un alto directivo de la construcción.

Desde el Gobierno se ha vendido el objetivo de “permitir un mayor acceso a las pymes a la contratación pública”. También se reducirán los plazos de tramitación en la contratación; se activa la “declaración responsable” o compromiso de las empresas sobre el cumplimiento de los requisitos para concursar sin presentar una documentación previa, que se revisaría en el caso de ganar el contrato, y se restringen las encomiendas de gestión a empresas públicas o medios propios como Ineco o Tragsa. Desde las ingenierías privadas se explica que basta con que se cumpla la ley y se acuda a la encomienda solo por motivo de urgencia o confidencialidad en un proyecto. También comenzará a puntuar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores como criterio de solvencia.

Convencer a los fondos 'buitre'

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tratará de reunirse con los fondos que han comprado deuda de las autopistas en riesgo de liquidación para pactar un rescate para estas vías. De la Serna no es optimista con el resultado de los contactos.

El debate sobre el texto está seriamente restringido, por la citada urgencia, al haberse sobrepasado el plazo para la transposición (18 de abril) de las directivas mientras el Gobierno estuvo en funciones. Sin embargo, distintas patronales estudiaban ayer el contenido de la nueva regulación para descubrir lagunas y tratar de influir en posibles enmiendas.

Las directivas en cuestión son la 2014/24 sobre contratación pública; la novedosa 2014/23 relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y la 2014/25 que rige para entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y servicios postales. Al dar lugar a dos proyectos de Ley, ha sido la del área de concesiones la que se queda sin normativa específica.

Entre las constructoras se esperan medidas para flexibilizar las reglas sobre los modificados. Estos están limitados en un 10% del presupuesto de adjudicación. Por encima de ese porcentaje se da por sentado que la revisión en los costes de una obra altera las condiciones de licitación y adjudicación, ante lo que la Ley de Contratos exige la resolución.

El pasado verano estalló una crisis en Adif precisamente por la existencia de una treintena de proyectos paralizados por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las constructoras sobre los modificados. Una situación que afecta a tramos del AVE en Granada o en la Y vasca. “Hay contratos de obra pública más estrictos con los modificados que la propia normativa europea”, explica una fuentes del sector.

Otro aspiración es acabar con la creciente temeridad en las ofertas. En la antesala de la transposición del paquete de directivas ya hay departamentos del ministerio de Fomento, como las subdirecciones de Planificación y Construcción, que han endurecido los pliegos colocando el umbral de temeridad en 2,5 puntos porcentuales por debajo de la oferta media, frente al 10% habitual.