El caso del asesor que intentó estafar 1,3 millones a Hacienda
Un solo profesional creó un entramado para presentar falsas solicitudes de devolución de impuestos
Aprovechar los resquicios y ángulos muertos del sistema para ganarle la partida al Estado y convertirse en millonario a costa de Hacienda. Es el plan que ideó un asesor fiscal que aprovechó el juego de devoluciones fiscales para intentar hacerse con 1,3 millones de euros. Lo llamativo del caso no es el engaño –que resulta relativamente habitual– sino que la elevada cuantía que se intentó defraudar procediera de un único contribuyente.
Desde una gestora en Seseña (Toledo), un asesor fiscal levantó un entramado de empresas instrumentales y suplantó sociedades reales con el único objetivo de solicitar devoluciones fiscales por toda España. Fue el pasado 27 de octubre cuando una actuación coordinada por el Juzgado de Instrucción 4 de Illescas permitió desmantelar el sistema de defraudación y detener al presunto culpable.
El asesor había desarrollado una técnica que le dio buenos resultados en sus inicios y que consistía en presentar solicitudes de devolución de impuestos en distintas delegaciones de la Agencia Tributaria. Pretendía que fueran tratadas separadamente para intentar que cualquier fallo derivara en el ingreso del dinero reclamado. El asesor fiscal llegó a cambiar de forma ficticia 18 veces de domicilio en un año. De Seseña, pasó a residir en Barcelona, Madrid, Alicante, Bilbao, Pamplona, Vitoria y Aranjuez. En todos estos municipios presentó, en algunos casos personalmente, y en otros a través de diversas sociedades, declaraciones falsas y solicitudes de devoluciones. Con este mecanismo se hizo con algo más de 300.000 euros.
Sin embargo, las alertas de la Agencia Tributaria se encendieron cuando al menos tres delegaciones territoriales distintas detectaron varias declaraciones similares en las que se reclamaban devoluciones de IVA, IRPF y del impuesto sobre sociedades. Un equipo se puso a investigar el caso y detectó la falsedad de los documentos presentados. Las devoluciones eran solicitadas por sociedades que no habían ingresado previamente a través de las retenciones esas cantidades ni las habían repercutido.
La investigación permitió detectar que el profesional tributario llevaba tiempo realizando este tipo de operaciones desde la misma asesoría. Fuentes que siguieron el caso indican que, a diferencias de otros casos similares, que son inmediatamente detectados, el asesor inició la interposición de recursos de reposición, de nulidad e incluso llegó a recurrir ante los Tribunales Económico Administrativos. Todo ello, al tiempo que emitía numerosas reclamaciones instando a la tramitación urgente de sus peticiones. Los servicios centrales del departamento de Gestión Tributaria trasladó el caso a Inspección Financiera que recabó toda la documentación para presentar la correspondiente denuncia. Durante la operación para desmantelar esta trama delictiva, se intervinieron en el domicilio del sospechoso los ordenadores desde lo que se efectuaban las falsas solicitudes y se crearon las empresas.
Un fraude que va en aumento
Fuentes de la Agencia Tributaria reconocen que en los últimos años han detectado un incremento significativo de las “tramas de falsas devoluciones”. Son organizaciones que bombardean al sistema con una multitud de peticiones de reintegro. Para no llamar la atención, la cuantía es relativamente pequeña. Para tal fin, se utilizan sociedades instrumentales, es decir, empresas cuya única finalidad es servir al fraude tributario.
Ante el incremento de este tipo de actividades, la Agencia Tributaria ha creado un dispositivo especial con la participación del Departamento de Gestión, el de Inspección y la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) para conseguir la detección temprana de estas conductas y denunciarlas por delito contra la Hacienda Pública.
Un nuevo plan para luchar contra el fraude
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció la semana pasada en el Congreso de los Diputados que el Gobierno impulsará antes de finalizar el año un nuevo plan contra el fraude fiscal. El proyecto contempla restringir aún más los pagos en efectivo, elevar el control sobre las liquidaciones de IVAy endurecer el acceso a los aplazamientos en el pago de impuestos.
En la anterior legislatura, el Gobierno ya prohibió los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros y ahora plantea reducir todavía más esa cifra que, en el caso de los extranjeros, se amplía a 15.000 euros.
Acerca de las prórrogas fiscales, Montoro señaló que, en un contexto de facilidad de crédito, no tenía sentido que las empresas se financiaran a costa de Hacienda. Aun así, los aplazamientos tiene un coste que va del 3% al 3,75% en función de si se incluye un aval.