Vientos de “prudente optimismo” en la energía eólica
Canarias tiene que aspirar a ser la primera comunidad española 100% renovable. Y el magnífico recurso eólico de las islas puede permitir que las islas se conviertan en uno de los centros neurálgicos de validación de prototipos, lo que permitiría el desarrollo de I+D en la región”. Es la opinión de Juan Diego Díaz, presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), expresada en la inauguración de las jornadas Los retos pendientes de la eólica en Canarias, que se han celebrado esta semana en Santa Cruz de Tenerife. “Las cifras eólicas en Canarias están moviéndose”, conviene Rafael Martell, presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican).
La eólica para desalación, todavía en el limbo
La desalación consume cerca del 15% de la energía total de Canarias. En las islas hay 327 instalaciones, 281 de ellas en la provincia de Las Palmas. Para hacer frente a ese gasto de energía, seis de ellas (cinco en Gran Canaria) han instalado sus propios molinos. Estas instalaciones, no obstante, están en el limbo administrativo, tal y como denuncia Rafael Martell, presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican).
La causa, el Real Decreto 900/2015 de autoconsumo, que entró en vigor el pasado mes de abril y que ha dejado estas instalaciones en tierra de nadie. “Creíamos ser que punta de lanza energética y que proporcionábamos ahorro al sistema y resulta que ahora vemos con trabas administrativas y legales y con serios problemas para sacar adelante nuestros negocios”, se queja el presidente de Aeolican, Rafael Martell.
¿Qué es lo que estipula el Real Decreto? Este determina que la potencia eléctrica contratada para la desaladora tiene que ser igual a la potencia eólica instalada en los molinos. “No hacíamos esto por avaricia o porque los promotores de parques eólicos quisiesen convertirse en generadores por la puerta falsa”, explica Martell, “sino por una lógica industrial y técnica”.
El Gobierno de Canarias asegura que el Estado ha accedido a iniciar los trámites para modificar el nuevo para que estas instalaciones queden excluidas de los nuevos parámetros que se quieren aplicar para el autoconsumo de energía eólica. “El antiguo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal [actualmente secretario de Estado de Presupuestos] prometió cambiar la normativa, y prometió cambiarlo, pero no ha habido nada”.
“Es un prudente optimismo”, matiza Heikki Willstedt, director de políticas energéticas de la AEE. “Aún hay incertidumbres: aunque el cupo canario ha dado esperanzas al sector, persisten dudas de que se puedan instalar todos los parques a tiempo si no se alarga el plazo previsto para que estén funcionando, el 31 de diciembre de 2018”.
El bloqueo ha sido la nota dominante en las islas durante una década: apenas 16 megavatios (MW) desde 2005. Esta situación ha hecho que la comunidad solo sea la duodécima en el ránking eólico español, con 177 MW instalados y 56 parques, pese a ser una de las regiones con más viento. Canarias, cabe recordar, sufre el coste por megavatio hora más elevado: hasta 207 euros de media en 2014.
La energía eólica apenas cubre en la actualidad el 9% de la demanda. ¿Por qué se ha producido esta situación?“ Multitud de factores endógenos y exógenos se han empeñado en alejar la eólica de Canarias”, explica Willstedt. “Por ejemplo, los concursos, que han pasado años judicializados hasta que el Gobierno de Canarias cogió el toro por los cuernos y decidió abolirlos. O la excesiva burocracia. O el problema de las servidumbres aeronáuticas…”.
El desbloqueo y la posterior adjudicación en diciembre de 2015 y los primeros meses de 2016 del cupo de 450 megavatios (MW) (que se quedarían en 436 MW) que percibirá retribución sin necesidad de subastas supuso que el Gobierno central admitiese la necesidad de energía eólica en las islas. El sistema también se beneficiará: esta potencia supondrá un ahorro de unos 140 millones según la industria. El Gobierno canario también se puso en marcha y cerró el concurso eólico, que llevaba paralizado desde 2007. “Las autoridades locales parecen dispuestas a simplificar la complicada tramitación administrativa”, asegura Willstedt. Y Red Eléctrica se ha comprometido con los promotores a que las infraestructuras estén listas a tiempo para cumplir el plazo (el citado 31 de diciembre de 2018).
Tensión con Aena
Pero persisten problemas, además de la dificultad para cumplir plazos: uno de ellos, las tensiones con el único gestor aeroportuario que opera en España, que está frenando la implantación de parques. “AENA está siendo especialmente restrictiva con cualquier iniciativa que pueda afectar remotamente, con la actividad del aeropuerto”, denunció recientemente el consejero delegado del Grupo Bonny, Antonio Bonny.
Este desencuentro reduce notablemente las posibilidades de instalación de parques dadas las reducidas dimensiones de la isla. El ente “está dando por cerrada cualquier tipo de posibilidad de negociación en este tema”, explica.
“Es un tema muy complejo”, completa Willstedt, “que exigiría que el Ministerio de Energía se pusiese de acuerdo con las autoridades aeronáuticas. Es el momento de buscar soluciones políticas a la situación, porque las soluciones técnicas ya existen”.