Peticiones al nuevo Gobierno

Los empresarios piden menos impuestos y más reforma laboral

Juan Rosell, presidente de CEOE, con Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.
Juan Rosell, presidente de CEOE, con Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.

Lo primero que quieren recobrar los empresarios, tras un año de vacío institucional, es la estabilidad política. Y, por eso, piden al nuevo Gobierno “que garantice la certidumbre, estabilidad política y social y un marco normativo claro y sencillo” que necesitan las empresas para asumir los riesgos que conlleva cualquier inversión. Esto cobra mayor importancia en un tablero político en el que el Gobierno no tiene mayoría y esto le obligará a la constante negociación. Así lo reclama CEOE en un documento con el que los dirigentes empresariales trabajan desde las últimas elecciones.

Los empresarios se muestran muy preocupados por la pérdida de credibilidad de la economía española generada por la falta de cumplimiento de los objetivos de déficit público en 2015, unido al consiguiente retraso en la senda de corrección del desequilibrio de las finanzas públicas causado por un año de vació y parálisis institucional.

De ahí que reclamen una “intensificación del proceso de consolidación fiscal” para lo que proponen “un mejor control y asignación del gasto público, en especial, en su vertiente no productiva”.

El presidente de la patronal madrileña (Ceim) y vicepresidente de CEOE, Juan Pablo Lázaro, considera que “el cumplimiento del objetivo de déficit fijado por Bruselas debería ser prioritario para el nuevo Ejecutivo”. Y para ello cree que “el enfoque debe ser el de al contención y control del gasto de todas las Administraciones Públicos y no el incremento de la presión fiscal”.

Junto a estas dos exigencias, llega la demanda de continuar con las reformas estructurales. Sobre todo en materia fiscal, laboral, energética y de formación, innovación y transformación digital.

Como era de esperar, la primera petición del documento empresarial es “reducir la presión fiscal”. Según sus cálculos, en España el 32,5% de los ingresos públicos proceden del sector empresarial, y el Gobierno debería combatir el fraude y adoptar las reformas necesarias para que dicha presión fiscal se reduzca al entorno del 25%, que es la media europea. En este sentido piden que “quede claro que el fraude fiscal no está en los regímenes tributarios especiales (Sicav o Socimi), cuya supresión provocaría deslocalización de patrimonios, menor inversión y recaudación”. Además, reclaman estabilidad al sistema tributario y evitar crear nuevos impuestos.

La tesis empresarial que sustenta que cuanto menos impuestos se paguen más se incentiva la actividad económica afecta también al terreno de las cotizaciones sociales que pagan por los trabajadores. Por ello, mantienen su histórica reivindicación al Gobierno para que les rebaje las cotizaciones para fomentar la creación de empleo.

Pero, al mismo tiempo, admiten que esto supondrían una merma de ingresos para la Seguridad Social –que se nutre en más de un 80% con estas cuotas–. Esta circunstancia, unida al envejecimiento de la población, lleva a los empresarios a considerar “imprescindible actuar sobre el modelo de pensiones actuales”. Y piden: que se asegure un nivel de pensiones que garantice el nivel de bienestar alcanzado;pero, al tiempo, que se tenga en cuenta el déficit (de 17.000 euros anuales) de la Seguridad Social. Ambas cuestiones difíciles de conciliar entre sí.

Más flexibilidad laboral

Los empresarios mantienen en su agenda de peticiones al Gobierno la continuación de la reforma laboral. En esta ocasión dejan a un lado la tradicional demanda de abaratar el despido y reclaman, en su lugar, “incrementar los mecanismos de flexibilidad interna”. Esto es ampliar la disposición empresarial para modificar las condiciones laborales (salarios, jornada, funciones etc.) de sus empleados “para adaptarlas a las necesidades del mercado”. Asimismo también consideran urgente que se retoque la reforma laboral para que la ley aclare qué ocurre cuando un convenio colectivo pierde su vigencia. Y concentrar las bonificaciones en la contratación de fijos, tiempo parcial y jóvenes.

La industria quiere planes Prever y menos tasas

El sector industrial se propone como motor para consolidar la recuperación, de forma que ésta haga más competitiva a la economía española. Para ello, la patronal de la industria metalúrgica (Confemetal) pide medidas específicas de apoyo a sectores estratégicos. En concreto, reclama la creación de planes Prever para sustituir bienes de inversión y consumo duradero, como los del automóvil o electrodomésticos. “Son un excelente instrumento de reactivación industrial en los que la inversión inicial del Estado se recupera con creces vía impuestos”, señalan desde Confemetal.

Además, estas industrias piden “eliminar la sobrerregulación medioambiental”. En ese punto, desde CEOE reclama “suprimir muchos de los casi cien impuestos autonómicos, la mayoría de carácter medioambiental, surgidos en los últimos años.

Una apuesta decidida por la energía nuclear y la I+D+i

Las empresas incluidas en CEOE consideran que “es el momento de alcanzar un acuerdo nacional en materia de política energética” para atraer la inversión. Su propuesta al Gobierno es que elabore un mix energético, que permita la actividad empresarial “al menor coste posible”. Esto exigirá “permitir la extensión de la vida de las centrales nucleares” y añaden que “el uso de la energía nuclear es vital”. Piden también acelerar los trámites para proyectos de interconexión transfronterizas eléctrica y gasistas. En materia de I+D+i, exigen que las restricciones presupuestarias no afecten a esta materia. Además, que, como mínimo se mantengan los incentivos fiscales por estas inversiones. Y piden dar continuidad al proyecto “Industria Conectada 4.0” y ampliar la participación de los investigadores en proyectos empresariales.

Pacto educativo y gestión del dinero para formar ocupados

El documento de propuestas de CEOE indica al Ejecutivo la necesidad de “lograr un pacto social por la educación” que de estabilidad a las políticas educativas. Dicho esto, creen necesaria mayor participación de la enseñanza privada, concertada o no, incluida la universitaria. Piden que “se detecten tempranamente las necesidades de cualificación que requiere el mercado laboral” para que se impartan estos estudios. Y que haya más relación entre universidad y empresas.

En cuanto a la formación profesional, los empresarios mantienen su fuerte rechazo a la última reforma del sistema y reclaman que se fije un nuevo modelo para formar a los trabajadores, de forma que “sean las empresas las que decidan la formación a realizar, en un mercado que no se encuentre intervenido”. Así, quieren gestionar todo el dinero de la cuota formativa.

Normas