Eléctricas

Industria prevé congelar la tarifa regulada de la luz en 2017

Los técnicos elaboran la nueva orden de peajes con la consigna de mantenerlos como los de este año.

tarifas luz
El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y el ministro de Industria en funciones, Luis de Guindos. efe Efe

Los técnicos de la Secretaría de Estado de Energía llevan varias semanas trabajando en una propuesta de orden ministerial para fijar los peajes de acceso a las redes eléctricas que se aplicarán en 2017. Aunque hasta el próximo mes de noviembre no habrá un primer borrador, el objetivo de Industria es claro:hay que mantener las tarifas en vigor desde enero de este año, aseguran fuentes próximas al departamento que dirige en funciones Luis de Guindos.

Dichas tarifas vienen a equivaler aproximadamente a la mitad de la factura que pagan los consumidores (28 millones de contratos). La otra mitad corresponde al coste en sí de la energía, que está en función de los precios por hora del mercado (el PVPC al que tienen derecho los pequeños consumidores) o los que libremente se pacte, en su caso, con las comercializadoras libres. En 2016, esta parte del recibo se ha beneficiado de la caída de los precios internacionales de la energía. Así, frente a un precio medio de 50,32 MWh el año pasado, el viernes se situaba en 35,38 MWh y se prevé que el conjunto del año acabe en 38 MWh. 

Los funcionarios del Ministerio de Industria están realizando proyecciones a la espera recibir esta semana el informe con las distintas estimaciones para el próximo año aprobadas por la Sala de Supervisión de la CNMC. Un informe preceptivo para la elaboración las cuentas del sistema eléctrico del próximo año.

Para poder congelar los peajes, el ministerio debe lograr que los ingresos cubran los costes. Los ingresos (16.995 millones en los peajes de este año) proceden de lo recaudado en la factura de la luz y, en menor medida y desde la reforma eléctrica, de los llamados tributos energéticos (3.154 millones en 2016) que recauda Hacienda del propio sector (el más importante es el tributo del 7% a los ingresos por generación). En este caso, y a la vista de que las tarifas no subirán, conseguir más ingresos dependerá de que la demanda aumente o de una mayor recaudación de dichos impuestos. Sin embargo, el crecimiento de la demanda eléctrica seguirá débil el próximo año: un 0,9% más, según previsiones del sector basadas en los datos de REE.

Entre los costes del sistema están los peajes por el uso de las redes propiamente dicho (esto es, la retribución de las distribuidoras eléctricas y REE, que han superado este año los 5.000 millones) y el resto de cargos: los incentivos a las renovables (la mayor partida, con unos 7.000 millones); las compensaciones a los sistemas extrapeninsulares o la amortización de la deuda contraída por el sistema tras años de déficit tarifario, que asciende a algo más de 23.000 millones de euros.

Por el lado de los costes, en 2017 el sistema debe asumir varios compromisos, como la mayor retribución a las redes derivada de la nueva metodología de cálculo aprobada este año, que podría traducirse en una subida entre un 1% y un 2% en 2017 y varios ajustes en los incentivos a las renovables. En este sentido, el Gobierno debe cumplir la sentencia del Supremo del pasado julio, que le daba cuatro meses para indemnizar a las plantas de tratamiento de purines al anular los parámetros retributivos que se habían aplicado a estas plantas. Aunque casi la mitad ha cerrado por los efectos de la reforma, las que aún funcionan deberán recibir unos 200 millones de euros (sin tener en cuenta la retroactividad).

El ministerio también debe compensar al conjunto de las renovables, que, debido a una estimación errónea en el parámetro retributivo del precio de mercado, les ha hecho perder ingresos por 525 millones (6 euros MWh). Sin embargo, la compensación se distribuirá a lo largo de la vida regulatoria de las plantas, por lo que se desconoce la que aplicará el próximo año.

A caballo entre dos Gobiernos

Aunque en pocas semanas podría constituirse un nuevo Gobierno, el Ministerio de Industria ha puesto manos a la obra y se dispone a cumplir con su obligación de aprobar una orden de peajes que entre en vigor el 1 de enero. Como el trámite es largo (es necesario un informe con las proyecciones anuales de la CNMC antes de hacer un borrador;otro dictamen de este organismo sobre la propuesta y un trámite de audiencia con las empresas afectadas y los consumidores).

Pese a la incertidumbre, el hecho de que el Gobierno vuelva a ser del Partido Popular da una cierta tranquilidad a los técnicos de la Secretaría de Estado de Energía que, de momento, tienen encomendado hacer cuadrar las cuentas para mantener congeladas las tarifas en un momento políticamente delicado.

Algo no demasiado complicado tras la enrevesada ingeniería regulatoria que el ministerio hizo el año pasado (en ese caso en plena campaña electoral) para, aun habiendo mantenido los peajes, anunciar que “la luz” había bajado.

Con un superávit tarifario acumulado de 1.600 millones, que no puede utilizar para bajar la luz pues la ley lo impide en tanto no se cancele la deuda eléctrica, el Gobierno está atado de pies y manos. Tampoco puede amortizar dicha deuda por la ausencia de un reglamento y porque no está en sus manos, sino en la de los inversores que la adquirieron en las distintas emisiones.

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