Editorial

Una muestra del camino a seguir

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, conversa con portavoces parlamentarios.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, conversa con portavoces parlamentarios.

La paralización institucional y política en que está anclada España vivió ayer un paréntesis en el Congreso de los Diputados con la aprobación –por mayoría absoluta– de una reforma parcial de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. PP, PSOE, Ciudadanos y PNV, así como Foro Asturias, UPN y CC, sumaron 255 votos para sacar adelante una norma que permitirá al Gobierno en funciones desbloquear la capacidad de gasto de las comunidades autónomas, al flexibilizar su objetivo de déficit para 2016 desde el 0,3% del PIBal 0,7%. La reforma, que deberá pasar ahora al Senado, donde se tramitará de urgencia, contó con cuatro abstenciones y con el voto negativo del resto de la oposición.

Desde IU se reclamó una vez más acabar con el “dogma” del déficit público. A la vista, sin embargo, de lo ocurrido en España, especialmente en los momentos más duros de la crisis de deuda soberana, la clase política, en general, y las Administraciones públicas, en particular, harían bien en tratar el ajuste en las cuentas públicas si no como un dogma, al menos sí con la seriedad y el rigor de este. Porque la factura que ha pagado la economía española –tanto el sector público como el privado– en costes de financiación por los desfases en las cuentas públicas no constituye un pasado cerrado e inamovible, sino un riesgo presente que es necesario tener siempre en cuenta. A ello hay que sumar las consecuencias, en términos sancionadores, que trae consigo el incumplimiento de la disciplina presupuestaria que impone Bruselas, así como el estigma, todavía más dañino, de ser percibidos en el exterior como un país fiscalmente irresponsable y sin posibilidad de remisión.

La reforma aprobada ayer no es una novedad, sino únicamente una materialización por vía parlamentaria de lo aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado mes de abril, que formaba parte ya del Plan de Estabilidad enviado por Hacienda a Bruselas y que no había podido ponerse en marcha hasta ahora debido a la condición en funciones del Ejecutivo. Ese obstáculo se ha subsanado con el texto aprobado en el Congreso, que permite al Gobierno modificar los objetivos de déficit y deuda.

Además del balón de oxígeno que la reforma proporcionará a las comunidades autónomas, que en ningún caso debe entenderse como una licencia para el gasto irresponsable, el acuerdo alcanzado ayer por las principales fuerzas políticas constituye un ejemplo del camino que debe emprender España para normalizar la vida política. Con el mismo sentido de Estado con el que ha sido votada esta norma tiene que posibilitarse la formación de un Ejecutivo estable que permita al país salir de esta parálisis que ya dura demasiado tiempo.

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