BlaBlaCar denunciará a la Comunidad de Madrid ante Bruselas
Asegura que la sanción vulnera el derecho europeo de la libre prestación de servicios y a la libertad de establecimiento.
La red social de viajes de coche compartido BlaBlaCar ha tomado la decisión de denunciar a la Comunidad de Madrid ante la Comisión Europea por ver vulnerado su derecho a la libre prestación de servicios y su libertad de establecimiento dentro del territorio de la Unión Europea. La plataforma social muestra así su total desacuerdo con las supuestas sanciones impuestas a la red social y a dos de sus usuarios. Unas sanciones, que, por otra parte, ni BlaBlaCar ni ninguno de los dos afectados han recibido hasta la fecha, según precisa la compañía. Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, Director General de BlaBlaCar en España y Portugal, así se lo ha comunicado hoy a Pablo Rodríguez Sardinero, Director General de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Desde BlaBlaCar insisten en que es una red social de viajes en coche compartido, una plataforma tecnológica que permite que sus usuarios, conductores y pasajeros ponerse en contacto para realizar desplazamientos compartiendo gastos, sin ánimo de lucro. "Llevamos siete años operando en España, y nuestro modelo no es en absoluto nuevo. No somos una empresa de transporte, ni los servicios que prestamos pueden considerarse una modalidad de transporte terrestre sujeta a la LOTT, y en ningún caso ni BlaBlaCar ni los conductores afectados han incumplido la ley", defiende el directivo.
La red social insiste en que ha podido confirmar que la actividad de los usuarios afectados cumplía con las normas de la plataforma y, por extensión, con la legislación vigente. "Incomprensiblemente, se está tratando como taxistas piratas a quienes comparten coche para poder permitirse ir a ver con más frecuencia a sus familiares que viven lejos. Las aportaciones recibidas por los conductores a través de la plataforma no superaron nunca sus costes de desplazamiento, por lo que nunca serían sancionables", dice Rodríguez Sardinero.
En opinión de BlaBlaCar, estas sanciones son contrarias al derecho de la Unión Europea "y contra ellas vamos a actuar. Tanto en España, agotando las vías administrativas y legales para recusar estas sanciones, como en Europa, donde denunciaremos las prácticas de la Comunidad de Madrid al obstaculizar nuestra actividad".
Tanto BlaBlacar como Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital (que integra Sharing España, el colectivo que agrupa empresas de economía colaborativa), explican que la actividad de esta plataforma está regulada por la Directiva de Servicios de la Sociedad de la Información. "Es inexplicable la decisión que nos ha comunicado la Dirección General de Transportes de sancionar a BlaBlaCar, de acuerdo con las leyes de transporte españolas, cuando opera con libertad en toda Europa".
"Queremos también hacer llegar a nuestros más de 3 millones de usuarios en España un mensaje de tranquilidad. Compartir coche es igual de legal hoy que lo ha sido siempre. Y es un derecho que vamos a defender hasta el final", subraya el ejecutivo.
Adigital también ha mandado hoy un comunicado donde muestra su preocupación ante lo que considera “una notable falta de comprensión” por parte de la Administración sobre los modelos de negocio impulsados por las empresas de economía colaborativa o bajo demanda prestados a través de plataformas digitales. En una nota, esta asociación (que representa a más de 500 empresas y que integra a Sharing España, el colectivo que agrupa compañías de economía colaborativa), mostró su contrariedad ante la sanción impuesta por la Comunidad de Madrid .
“Sobre el expediente adminitrativo que esta compañía tiene abierto [en la región] y su supuesta resolución, parece que la Administración, en este caso la Comunidad de Madrid, vuelve a establecer lo que, a nuestro juicio, es claramente una interpretación errónea del rol de estas plataformas, de su definición y del marco normativo que les es de aplicación”, aseguró Adigital.
En opinión de esta asociación, dicho expediente y sanción (de 8.000 y 4.000 euros respectivamente), plantea serias contracciones con lo manifestado por la Comisión Europea tanto en su comunicación sobre plataformas online de 25 de mayo de este año, como en su comunicación sobre la Agenda para la Economía Colaborativa del pasado 2 de junio. E igualmente con lo manifestado por el Comité de las Regiones en su dictamente sobre la dimensión local y regional de la economía colaborativa de diciembre de 2015 y por las autoridades de competencia españolas como la ACCO en diferentes informes publicados desde 2014 o la CNMC en sus conclusiones preliminares de marzo.
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