El Gobierno no aclara a Bruselas cómo cumplirá el objetivo de déficit de 2017
Será el futuro Ejecutivo quién deberá aprobar y comunicar los nuevos recortes
El ajuste fiscal no ha llegado a su fin ni mucho menos. Bruselas exige, aunque con menos vehemencia que antes, que España siga reduciendo su déficit público. Incluso con una visión optimista, el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló que España deberá abordar un ajuste estructural en torno a 5.000 millones de euros. Sin embargo, el Plan Presupuestario remitido este sábado a Bruselas no incluye el anuncio de nuevas medidas. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz Santamaría, argumentó que la tarea no corresponde a un Ejecutivo en funciones, sino que deberá ser el nuevo Gobierno quién adopte nuevos recortes.
Moncloa confía en que el PSOEpermita la investidura de Mariano Rajoy y se ponga en marcha la legislatura. En cualquier caso, a diferencia de lo sucedido en los últimos cuatro años, ahora será necesario que las nuevas medidas se negocien con la oposición en un Parlamento en el que el PPno cuenta con mayoría.
El Plan Presupuestario sí recoge las decisiones que ha adoptado el equipo de Mariano Rajoy para corregir el fuerte desvío del déficit de este año. Moncloa se comprometió en el Programa de Estabilidad a reducir sus números rojos del 5,1% del PIB registrado en 2015 al 3,6% este año. Los datos de ejecución presupuestaria reflejan que el Gobierno erró en las previsiones de ingresos y que no hay posibilidad de cumplir el objetivo de déficit. Ante esta realidad, Bruselas planteó el pasado mes de julio una nueva y más suavizada senda de consolidación fiscal. La Comisión Europea amplió del 3,5% al 4,6% el objetivo de déficit. España se encuentra en posición de cumplir este umbral. Aunque para ello, el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy tuvo que adelantar el cierre presupuestario y recuperar un tipo mínimo en los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. En concreto, fijó a partir de este mes un gravamen del 23% para empresas que facturan más de 10 millones y un gravamen del 25% para las entidades financieras. El objetivo es recaudar 8.000 millones adicionales en esta parte final del año. Precisamente fue la retirada del gravamen mínimo lo que provocó que la recaudación del impuesto sobre sociedades se derrumbara.
Santamaría recordó que está pendiente la aprobación del objetivo de estabilidad para las comunidades autónomas. La idea es fijar el límite en el 0,7% del PIBen lugar del 0,3% que se aprobó en su momento en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la parálisis política ha impedido la modificación. El Partido Popular presentó el pasado 30 de septiembre una propuesta para reformar la Ley de Estabilidad que, en caso de aprobarse, permitiría que un Gobierno en funciones pudiera fijar los objetivos de estabilidad. La medida cuenta con el visto bueno de la mayoría del Congreso para salir adelante. En el caso de que haya investidura, el nuevo límite se fijaría por el procedimiento tradicional que incluye la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera.